Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En los últimos meses hemos sido testigos de un aumento notable en la colaboración entre autoridades mexicanas y las agencias de Estados Unidos para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado. Tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Edgar Amador Zamora, han coordinado operativos conjuntos con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno estadounidense para identificar mecanismos sofisticados de lavado de dinero, desde empresas fachada, sociedades simuladas, compra de bienes raíces mediante “prestanombres”, plataformas digitales de transferencias, e incluso triangulación internacional de recursos entre países como Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y México.
Hay casos emblemáticos como el de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, que fueron intervenidos por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo. Pero la FinCEN, que dirige Andrea Gacki, como las autoridades mexicanas, también están al pendiente de los mexicanos que han huido al extranjero, particularmente a Estados Unidos, para evadir la justicia. Entre los casos recientes se encuentran personajes como Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en septiembre y actualmente bajo custodia. O el de Raúl Beiruti, conocido como el “Rey del Outsourcing”, quien sigue prófugo tras ser señalado por evasión de impuestos. A ellos se suma el empresario albanés Luftar Hysa, relacionado con una red que operaría a través de casinos. Incluso fuentes de la UIF señalan que también se han recibido al menos cuatro denuncias contra establecimientos como Juegos y Sorteos de Jalisco, de Óscar Salgado; el Casino Jubilee de Lomas Verdes y el propio Grupo Hysa.
En este mapa aparece también Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, dueño de la empresa TUM Transportistas Unidos Mexicanos y TUM Logística, quien fue detenido hace ocho días por el ICE, y actualmente se encuentra recluido en el centro Adelanto Detention Facility, en California, a la espera de que se determine su situación jurídica. Pero a pesar de estar bajo investigación por diversos presuntos delitos financieros, Quintanilla ha mantenido una relación contractual envidiable con instituciones gubernamentales en México y sus empresas continúan operando con normalidad.
Tan sólo en 2024, el Servicio Postal Mexicano (Sepomex), bajo la dirección de Violeta Giorgina Abreu le otorgó un contrato por mil 718 millones de pesos, vigente hasta 2027, para operar rutas postales, a pesar de que su empresa fue la única participante. Ese mismo patrón se repitió con su firma EVM Energía del Valle de México, que ha obtenido contratos con la CFE sin participar en Subastas de Largo Plazo desde 2016. Entre 2020 y 2023, esta firma suministró electricidad al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) aunque los contratos, por más de 400 millones de pesos, se firmaron con CFE Calificados. Las denuncias señalan un esquema de triangulación, con una central eléctrica vinculada a la familia Quintanilla, que fue omitida en los documentos oficiales.
Mauricio Quintanilla enfrenta al menos 11 juicios civiles y mercantiles con empresas como Tip de México, Importaciones Marktorne y CASI Learning, además de más de 50 juicios federales contra decisiones de juzgados penales y agentes del Ministerio Público. En 2016, presentó un amparo por su empresa MCS Aerocarga de México, acusada de incumplimiento. Su flotilla, que incluye 12 aviones, tiene ocho aeronaves sin propietario claro. Por todo ello, quizá no es casual que nombres como el suyo comiencen a aparecer en el mismo radar donde confluyen investigaciones y redes empresariales vinculadas a actividades ilícitas.
