Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
El gobierno de Estados Unidos quiere cerrar el cerco de la identidad. Su plan: pedir huellas, foto del rostro, registro de voz, escaneo de ojos y, si hace falta, ADN a prácticamente cualquier persona que tramite algo en el sistema migratorio, y seguir verificando a quienes ya obtuvieron un beneficio hasta que se naturalicen. No hay edades: también alcanzaría a niñas y niños. La propuesta la firma el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, depende del Departamento de Seguridad Interior, y estará abierta a comentarios del público hasta el 2 de enero de 2026.
Hoy el gobierno toma huellas y foto en la mayoría de los trámites. Ahora quiere dar un salto: convertir esos rasgos en el eje de toda la vida migratoria de cada persona, con un expediente único que no dependa de cómo se escribe un nombre ni de papeles fáciles de perder o falsificar. La apuesta es simple de explicar y polémica de ejecutar: menos confianza en declaraciones y documentos; más en rasgos que no cambian con el tiempo.
De aprobarse, cualquier solicitante, acompañante, familiar, patrocinador o persona relacionada con un trámite podría ser llamado a entregar sus rasgos físicos o de voz, sin importar la edad. El plan también cubre a extranjeros detenidos o localizados en procesos de expulsión rápida o formal. Y da un giro delicado: permite pedir pruebas de ADN para comprobar lazos familiares cuando eso defina un beneficio, e incluso como evidencia del sexo biológico si ese dato afecta la elegibilidad. La muestra, dice el gobierno, no se guardaría más allá del propósito original; el resultado de la prueba sí formaría parte del expediente.
Hay otra novedad que salta: ciudadanos y residentes que pidan la residencia para un familiar también tendrían que dar sus rasgos de identidad para revisar si arrastran delitos que por ley les impedirían patrocinar a alguien. No es un detalle: por primera vez el foco no está sólo en el extranjero que pide un beneficio, sino también en quien lo respalda desde dentro.
La propuesta cambia reglas para víctimas de violencia doméstica que se autopostulan a un alivio migratorio y para quienes buscan ajustar estatus como víctimas de trata: en vez de exigirles cartas de “no antecedentes” de cada ciudad donde vivieron, la autoridad cruzaría su información a partir de los rasgos tomados por el propio gobierno. También elimina la presunción automática de “buen carácter” para menores de 14 años: todos deberán someterse al mismo filtro.
En los casos de residencia condicional por matrimonio, la autoridad se reserva margen para decidir quién y dónde entrevista a la pareja que pide quitar condiciones, sin atarse a reglas que hoy le restan flexibilidad operativa. Y en inversiones que buscan residencia por creación de empleo, seguirá pidiendo rasgos de identidad y cruces de seguridad a quienes participan en los centros regionales y las empresas involucradas.
El argumento central del gobierno es seguridad y orden. Sostiene que con más y mejores rasgos —incluido el ADN en supuestos específicos— podrá identificar suplantaciones, confirmar parentescos y encontrar a tiempo delitos o vínculos que por ley bloquean un beneficio. También afirma que así protegerá mejor a niñas y niños frente al tráfico y la explotación, al comprobar de manera fehaciente con quién viajan o quién los reclama.
El gobierno de Estados Unidos lanza su jugada más ambiciosa para fiarse menos del papel y más del cuerpo. La pregunta, a partir de hoy y hasta el 2 de enero, es si la sociedad está dispuesta a pagar ese precio —económico y de privacidad— para tener un sistema migratorio más estricto y, promete la autoridad, más certero.
