Redacción El CoahuilensePor Hiroshi Takahashi
Mucho se ha hablado de la predilección de la presidenta Claudia Sheinbaum por su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero poco se menciona la confianza que la mandataria nacional tiene en su titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino.
Desde el comienzo de la presente administración, al conocido “Pepe Merino” se le dieron facultades para administrar la interacción que cada mexicano mantiene con el sector público y con el mundo digital; además de que se le confiaron tareas como la de incrementar desde sus plataformas la recaudación del país para destinar cada vez más recursos a los llamados programas del Bienestar.
En ese sentido, este martes se llevará a cabo una discusión en el Congreso con la que se pretende dar a la Agencia de Pepe Merino acceso directo, permanente y en tiempo real a bases de datos privadas mediante la inclusión del Artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación.
Específicamente, el citado artículo establece la obligación de plataformas digitales de dar al gobierno cuatroteísta acceso en línea y en tiempo real a la información de sus operaciones.
En el papel, esta medida busca modernizar la supervisión del comercio digital, mejorar la recaudación del IVA y garantizar igualdad de condiciones entre plataformas extranjeras y nacionales; pero expertos advierten que en realidad la reforma plantea un esquema de vigilancia inédito en México.
La redacción que se discutirá este martes podría incluso tener un carácter de inconstitucionalidad al permitir acceso sin límites a información sensible de los usuarios, comprometiendo su privacidad; al mismo tiempo que implicaría una inspección fiscal permanente que no cumple con las formalidades como notificaciones y controles judiciales.
El Servicio de Administración Tributaria, por ahora de Antonio Martínez Dagnino, también resulta beneficiado de la reforma que se pretende realizar, pues le da más atribuciones de monitoreo y control sobre información de los usuarios de la web. Lo anterior, a pesar de que las operaciones digitales ya quedan registradas a través del sistema financiero y son todas rastreables a través de la banca y los comprobantes fiscales digitales (CFDI).
Si se mira con detenimiento el Paquete Económico 2026, el segundo piso de la transformación apuesta por un crecimiento en la recaudación de 6.3 por ciento, lo que obliga a las autoridades fiscales y, por supuesto a la Agencia de Transformación Digital, a tomar medidas urgentes para conseguir los 8.7 billones de pesos que se proyectan.
En ese contexto también se enmarca la Ley de Aduanas que aprobaron los diputados la semana pasada; misma que pretende crear nuevos controles y mayores multas en las aduanas para aumentar la recaudación fiscal.
El detalle está en que la ley pretende impulsar la digitalización total de las aduanas, para tener un mayor control de las mercancías. Asimismo, permite a la Agencia Aduanal firmar convenios con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones “para mejorar los sistemas y el análisis de datos aduaneros”.
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