Redacción El CoahuilensePor Hiroshi Takahashi
El mensaje dice que un grupo anticastrista llamado Triple Eight, con vínculos en Venezuela y retaguardia en Miami, había diseñado un plan para secuestrar al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. Marzo de 1977. La logística era tan simple como temeraria: rentar un avión en Miami, volar armas y hombres a una pista clandestina cerca de Acapulco, ocultarlo en una casa de seguridad y ofrecerlo en intercambio por presos políticos. En Cancún, dice el papel, ya había vigilancia sobre su residencia y sus rutinas. En Miami, la ATF iba tras un depósito de armas y posibles explosivos. El FBI pidió a su oficina de Miami un barrido de antecedentes: identidades, actividades, cualquier rastro del grupo. La Dirección Federal de Seguridad en México fue notificada.
La carta nos llega con el membrete del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la cortesía de siempre: “Esta respuesta se limita a los registros sujetos a la FOIA… usted puede apelar dentro de 90 días”. Un lenguaje administrativo para una historia que no lo es. Detrás de la artillería burocrática —“Release in part”, “Freedom of Information Act Appeal”— asoma una escena mexicana que huele a secreto de Estado.
“Esta carta es la respuesta final del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) a su solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) sobre registros relativos a una copia de expedientes del FBI y la CIA sobre Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, cuyo fallecimiento fue ampliamente reportado por los medios el 8 de julio de 2022”.
La pregunta no es por qué alguien querría secuestrar a Echeverría. La pregunta es quién era Echeverría en 1977. Ya no estaba en Los Pinos, pero tampoco en el retiro. José López Portillo lo enviaría a París como representante de México ante la UNESCO, un destino que lo mantenía en el circuito internacional mientras la política doméstica desarmaba, pieza por pieza, su legado. Entre 1970 y 1976, Echeverría había dejado un país con doble rostro: el del tercermundismo militante —México abrió relaciones con la República Popular China; tendió la mano a los exiliados chilenos; empujó la carta de derechos económicos de los Estados— y el de una democracia bajo sospecha —el Halconazo de 1971 siguió a la masacre del 68 donde él fue secretario de Gobernación. Quedaron también instituciones que hoy son paisaje: el Infonavit (1972), la UAM (1974), la Cineteca Nacional (1974) y la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (1975) en la capital.
El FBI desclasifica: “Se indica que existe un plan en curso para secuestrar al expresidente de México y mantenerlo en una “casa de seguridad” fortificada. Una vez consumado el secuestro, el expresidente de México sería ofrecido en intercambio por ciertos prisioneros políticos actualmente recluidos en cárceles mexicanas.
“Los planes del presunto secuestro se estarían elaborando en Miami, Florida, por un grupo terrorista cubano denominado “TRIPLE EIGHT”, que se reporta con centro en Venezuela. El esquema indica la existencia de un depósito de armas y posibles explosivos ocultos en el área de Miami, Florida. El grupo rentaría un avión en Miami y transportaría dichas armas y al personal involucrado hacia Acapulco, México. Se afirma que ya se aseguró un piloto para este viaje. El avión debería detenerse en una pista de aterrizaje pre-arreglada, dejar las armas y al personal, y luego regresar a Miami. Actualmente el grupo estaría recabando inteligencia sobre la información de los guardias y la distribución de la residencia del expresidente, reportada como cerca de Cancún, México. Uno de los organizadores de esta operación llegó a Miami desde Venezuela la semana pasada”.
El documento confirma tres hechos: que hubo alerta formal en marzo de 1977; que México fue enterado por los canales de seguridad; y que Estados Unidos activó diligencias en su propio patio. Lo demás —quiénes eran exactamente, qué tan cerca estuvieron, por qué desistieron— está detrás de otro muro de silencio o de otro folio.
