Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En abril de 2025, el gobierno federal anunció con bombo y platillo el nacimiento de Compras MX, la plataforma que sustituiría a Compranet con la promesa de transparentar, ordenar y blindar las compras públicas, en especial las consolidadas, donde se concentran miles de millones de pesos y decisiones de alto impacto social. Administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el nuevo sistema fue presentado como un golpe de autoridad contra la opacidad, un cambio de fondo para evitar errores, discrecionalidad y simulaciones.
Sin embargo, a menos de un año de su estreno, cuesta creer lo que está pasando en una de las compras consolidadas más sensibles del cierre del 2025. Se trata de los vales de despensa de fin de año para casi 700 mil trabajadores del Gobierno Federal, una prestación esperada, calendarizada y, supuestamente blindada que hoy está bajo la lupa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que lleva Raquel Buenrostro.
La licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, valuada en hasta 10 mil 338 millones de pesos, comenzó a mostrar fisuras desde la fase técnica. En la plataforma Compras MX, los campos obligatorios de la propuesta económica de Servicios Broxel, propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, aparecieron en ceros, un detalle que en cualquier contratación pública habría obligado a detener el procedimiento.
La inconformidad formal llegó de la mano de Toka Internacional, que puso por escrito lo que varios integrantes del sector ya habían advertido: una propuesta con omisiones no puede respaldar una asignación.
Por si fuera poco, durante la conferencia presidencial del 23 de diciembre, se expuso que Broxel habría considerado inviable como negocio la bonificación total establecida en el fallo (5.75 por ciento) lo que encendió las alertas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas.
Asimismo, el ajuste de tiempos, de 10 días hábiles a apenas cinco días naturales, para dispersar cerca de 724 mil tarjetas en más de dos mil 200 puntos del país fue el primer detonante y la presión no tardó en trasladarse a las calles.
El aviso llegó primero en la Ciudad de México, en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, donde los trabajadores pasaron de preguntar por sus vales a bloquear avenidas ante la ausencia de las tarjetas.
Días después, la escena se repitió en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas, donde los plásticos sí fueron entregados, pero sin saldo. El problema alcanzó a 373 trabajadores, a quienes se les adeudan alrededor de cinco mil pesos por persona, una bolsa que rebasa los cuatro millones de pesos.
El expediente es más extenso. Investigaciones periodísticas recientes revelaron que entre 2019 y 2025, autoridades capitalinas exigieron a Servicios Broxel el reembolso de más de 121 millones de pesos por vales de despensa no entregados a trabajadores en distintos ejercicios, un patrón que adquiere relevancia frente a las nuevas inconformidades y a un contrato de escala nacional.
La Secretaría Anticorrupción activó los mecanismos que le corresponden: ya abrió una investigación y ha dejado constancia de que incumplir o engañar tiene consecuencias. El proceso sigue en curso, pero el mensaje, con el 2026 dando sus primeros pasos, es inequívoco: en compras públicas, los errores se pagan con credibilidad.
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