Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
Estados Unidos quiere acelerar la explotación de minerales críticos en aguas internacionales, en una zona del Pacífico entre Hawai y México donde se concentran enormes reservas de cobalto, manganeso y níquel.
El argumento es la seguridad nacional. El riesgo es abrir una nueva carrera extractiva en un territorio que no pertenece a nadie, pero que todos quieren controlar.
Es la nueva frontera de la disputa por el poder: cobalto, manganeso y níquel enterrados en el lecho marino, materiales que alimentan baterías, industrias estratégicas, defensa, autos eléctricos, telecomunicaciones y la transición energética que todos presumen, pero pocos explican de dónde va a salir.
El documento más reciente del Congressional Research Service pone el tema con claridad: Washington está acelerando su interés por la minería submarina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Es decir, en zonas que no pertenecen a ningún país.
El empujón político vino de Donald Trump, quien el 24 de abril de 2025 firmó la orden ejecutiva Unleashing America’s Offshore Critical Minerals and Resources, con la instrucción de acelerar licencias y permisos para explorar y recuperar minerales del fondo marino.
El argumento es conocido: seguridad nacional, independencia económica y menos vulnerabilidad frente a adversarios extranjeros. En otras palabras, menos dependencia de China y más control sobre las materias primas del futuro.
La zona que concentra buena parte de esta ambición se llama Clarion-Clipperton. Es una franja enorme del Pacífico, entre Hawai y México, de alrededor de 1.7 millones de millas cuadradas. Son alrededor de 4.4 millones de kilómetros cuadrados. En términos simples, es más del doble del territorio de México, que ronda 1.96 millones de kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que toda la Unión Europea. Es como juntar México y Argentina, y todavía sobraría espacio.
De acuerdo con el reporte, ahí se estima que hay más cobalto, manganeso y níquel que en todos los depósitos terrestres conocidos.
El dato basta para entender por qué las empresas y el gobierno estadounidense están mirando hacia abajo, literalmente. La carrera por los minerales ya no sólo pasa por minas, puertos, refinerías y cadenas de suministro, ahora también pasa por el fondo del océano.
El problema es que Estados Unidos quiere correr por una pista propia. No forma parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ni del acuerdo de 1994 que modificó sus reglas sobre minería submarina. Por eso no puede pedir contratos de exploración o explotación ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el organismo que regula esas actividades para los países miembros. Washington participa como observador, pero no vota y no obtiene contratos bajo ese marco. Entonces, según el reporte, usa una ley interna de 1980, la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, que le permite a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos otorgar licencias a ciudadanos y empresas estadounidenses.
En 1984, la NOAA otorgó cuatro licencias de exploración en la Clarion-Clipperton. Dos fueron abandonadas y dos siguen activas: USA-1 y USA-4, ambas en manos de Lockheed Martin. Vencen el 2 de junio de 2027, salvo que la empresa pida extenderlas.
El dato es importante porque muestra que la minería submarina no es un capricho reciente de campaña ni un gesto aislado de la Casa Blanca. Es una puerta que Washington dejó entreabierta desde hace décadas y que ahora quiere empujar con fuerza, justo cuando los minerales críticos se volvieron una cuestión de seguridad nacional.
La Clarion-Clipperton no es territorio nacional, pero sí está frente al Pacífico mexicano y forma parte de una disputa que puede redefinir quién manda sobre los recursos del océano. Mientras las potencias ya miran al fondo del mar como nueva reserva estratégica, México no debería quedarse mirando desde la orilla.
