Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
Entre 2020 y 2025 la a Secretaría de Educación de Coahuila inició más de 26 expedientes por posibles actos de violencia sexual cometidos por docentes en centros educativos del Estado.
Los datos revelan una cifra negra, pues los registros oficiales no incluyen el número total de víctimas involucradas en cada expediente.
El Coahuilense Noticias documentó diversos casos de agresiones sexuales cometidos por docentes y personal educativo en contra de estudiantes durante 2024 y 2025. Pese a que todas las víctimas presentaron denuncias formales, hasta el momento ninguno de los procesos ha avanzado.
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Eran las 15:00 horas del 17 de abril de 2024 cuando ‘S’, una alumna de 17 años de la Escuela de Bachilleres “Doctor Mariano Narváez González” de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) acudió a una asesoría de física.
El profesor de la materia la citó en su cubículo para explicarle unos problemas que ella no había comprendido en clase y que vendrían en su próximo examen. Sin embargo, lo que debía ser una asesoría terminó en una agresión sexual.
Mientras la rondalla de la preparatoria ensayaba a lo lejos, relata ‘S’, el profesor pidió que nadie lo molestara, cerró la puerta y, con folders, cubrió los cristales de una ventana que daba a las canchas de básquetbol de la escuela.
Con miedo, la joven cuestionó las acciones del profesor, pero él no respondió. Se colocó detrás de ella y, mediante forcejeo, la sometió a besos y tocamientos, e incluso, la obligó a tocarlo a él.
Cuando ‘S’ intentó escapar el agresor le cerró el paso para silenciarla, y le prometió aprobarla a ella y a sus compañeros a cambio de no decirle a nadie sobre lo que había sucedido.
‘S’ decidió contarle a sus amigas más cercanas lo que había sucedido, y fueron ellas quienes la acompañaron y se encargaron de avisar a los directivos de la preparatoria.
Las secuelas del trauma se manifestaron en la salud física de “S”, y ante el evidente malestar, decidió compartir lo sucedido con sus padres, quienes desde ese momento se convirtieron en su principal red de apoyo.
El caso llegó al Tribunal Universitario para la atención de los casos de violencia de género de la UAdeC, y aunque el docente negó los hechos, las indagatorias bajo el expediente T.U./U.S./23/2024 concluyeron el 18 de junio de 2024 con la baja definitiva del profesor por “contacto físico indebido y hostigamiento sexual” en contra de la alumna.
El agresor también fue retirado como diácono permanente de la parroquia de San Charbel, donde servía como ministro de eucaristía.
Sin embargo, en el área penal, la justicia continúa ausente. Aunque la víctima, en compañía de su madre, presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado en 2024, cuando sucedieron los hechos, hasta ahora permanece estancada.
El caso de “S” no es aislado, pues la violencia sexual atraviesa todos los niveles educativos en el Estado.
La Escuela Primaria “Javier López del Bosque”, ubicada al sur de Saltillo, se convirtió en el escenario de abuso de una pequeña de siete años.
Al inicio del ciclo escolar 2025-2026, los padres de la menor notaron un cambio repentino en su comportamiento. Al tratar de indagar y cuestionarla, la pequeña reveló que sufría acoso por parte de sus compañeros y, además, su profesor la había tocado de manera indebida.
En busca de justicia, los padres acudieron a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) para denunciar los hechos, sin embargo, la respuesta fue revictimizante.
Según los tutores de la menor no se le brindó la atención necesaria y tras una evaluación psicológica de apenas 5 minutos determinaron que la menor “fantaseaba” y que se trataba de un caso de violencia familiar.
La Unidad de Atención a Víctimas Especiales tuvo que intervenir en el caso para obtener un diagnóstico más amplio que validó el testimonio de la niña.
A pesar de que el maestro fue separado del plantel, el proceso legal no ha logrado avanzar. Los padres denuncian que, aunque el marco legal es robusto, los protocolos de actuación no se aplican como corresponde.
Mientras tanto, según los papás de la víctima, el silencio impera entre otros padres de familia que, pese a que también notaron cambios abruptos de comportamiento en sus hijos, se mantienen al margen y se limitan a exigir cámaras de seguridad en el plantel escolar.
A esta cadena de denuncias también se suma la Escuela Normal de Educación Física (ENEF), ubicada en Saltillo, donde en junio de 2025, tres profesores fueron retirados de su cargo luego de que cuatro alumnas de la institución los denunciaran ante la Fiscalía de Coahuila por presuntos actos de violencia sexual.
Según el informe, los profesores incurrieron en conductas que ibas desde tocamientos inapropiados hasta propuestas sexuales y acoso con connotación sexual hacia las estudiantes.
CIFRAS
Los casos de violencia sexual en la Narváez, la primaria Javier López del Bosque y la Normal de Educación Física forman parte de los más de 26 expedientes contra docentes por riesgo de violencia sexual que abrió la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) entre 2020 y 2025 de acuerdo con datos obtenidos por El Coahuilense Noticias mediante una solicitud de transparencia.
Los señalamientos no registran el número de víctimas, por lo que puede tratarse de más de una en cada caso.
Tan solo en el ciclo escolar 2024-2025 se atendieron siete casos relacionados con acusaciones de violación y abusos sexuales dentro de planteles educativos de nivel básico en todo el estado.
Los hechos se dieron entre los meses de noviembre de 2024 y marzo, abril y julio de 2025. Entre los implicados se encuentra un intendente de educación primaria, cinco docentes de secundaria y uno de preescolar.
Por otra parte, desde su creación en 2020 hasta octubre del 2025 el Tribunal Universitario para los Casos de Violencia de Género de la UAdeC inició más de 212 procedimientos en contra de académicos y alumnos de la universidad que incurrieron en actos graves contra alumnas.
Datos publicados por el diario “El Universal” señalan que Coahuila es uno de los estados que asegura tener pocas quejas contra su personal educativo por agresiones sexuales, pues según la SEDU en una década solo recibieron 54, mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado registró 10. El estudio puntualiza que en dos de cada 10 casos las víctimas fueron estudiantes de preescolar.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Desde 2020, en Coahuila se sigue el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Seguimiento de Riesgos en las Escuelas de Educación Básica de Coahuila, que establece medidas para prevenir y dar seguimiento a situaciones de riesgo dentro de los planteles escolares, incluyendo abuso y acoso sexual.
Una vez que se presenta una denuncia de esta naturaleza, los trabajadores son separados del aula mientras se realiza la investigación interna y se verifican los hechos. De comprobarse el delito, puede procederse en contra de los docentes con la autoridad judicial, quien determinará las sanciones.
Según datos recopilados en diversos medios de comunicación locales durante los últimos 5 años más de 20 maestros fueron retirados de sus cargos y dados de bajar por casos de violencia sexual y abuso.
PROTECCIÓN ANTE DENUNCIAS FALSAS
La diputada local de Morena, Magaly Hérnandez, integrante del gremio magisterial, enfatizó la necesidad de proteger tanto a los alumnos como a los maestros de “acusaciones infundadas”.
La legisladora aseguró que su postura es de cero tolerancia ante cualquier forma de abuso, hostigamiento, acoso y violencia en contra de niños, niñas y jóvenes. Sin embargo, señaló que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que concluyan las investigaciones correspondientes, pues, advierte, existen casos de denuncias falsas en contra del personal educativo.
“Es bien importante que toda denuncia debe investigarse con seriedad, rigor, y sobre todo responsabilidad. Investigar no significa prejuzgar, nuestro objetivo siempre es que los hechos se esclarezcan con pruebas no con rumores ni juicios mediáticos que pueden causar daños irreparables a personas inocentes y acabar con la trayectoria de los compañeros maestros”, dijo.
Señaló que las acusaciones falsas pueden generar víctimas, dañar trayectorias profesionales, familias y la confianza de las instituciones en la que trabajan los docentes.
“Por eso, insistimos en que las investigaciones tienen que ser imparciales, con respeto al debido proceso donde quien resulte responsable enfrente las consecuencias y quien sea inocente sea plenamente reivindicado”, reafirmó.
Advirtió que el sistema educativo tiene la obligación de proteger a las y los estudiantes víctimas y a su vez garantizar que “ningún docente sea sancionado o exhibido públicamente sin una resolución fundada”.
“La justicia no se construye con señalamientos sin sustento, sino con investigaciones serias que protejan a las y los estudiantes y a la gran mayoría de los maestros y maestras que cumplen con su labor con vocación y responsabilidad”, dijo.
“Mi postura es siempre defender la legalidad, y proteger a las víctimas y a los docentes que son totalmente inocentes”, agregó.
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