Redacción El CoahuilensePor Daniel Cortinas
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) presentó 16 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra organismos vinculados a la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por irregularidades que suman mil 300 millones de pesos en los ejercicios fiscales de 2012 a 2016.
Más de una década después, ninguna de esas denuncias ha concluido con una sentencia para los presuntos responsables de los desvíos económicos en perjuicio de los trabajadores de la educación.
Los datos provienen de una solicitud de información presentada ante la ASE por El Coahuilense Noticias y señaladas por integrantes del colectivo Magisterio en Acción por la Seguridad Social, quienes a inicios de junio último denunciaron ante el Congreso estatal que esas acusaciones afectan directamente al patrimonio de los trabajadores.
Las irregularidades documentadas por la ASE abarcan cinco organismos del magisterio coahuilense. El Fondo de Vivienda (Fovi) concentra el mayor daño patrimonial con cuatro denuncias por 647.9 millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. El Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación acumula otras cuatro denuncias por 424.3 millones de pesos. La Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación tiene tres denuncias por 108.3 millones de pesos, presentadas en 2015, 2016 y 2018. El Seguro del Maestro registra cuatro denuncias por 119.9 millones de pesos. Y el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento de la Vivienda tiene una denuncia por 300 mil pesos correspondiente al ejercicio 2015.
Las denuncias fueron presentadas en tres fechas distintas: enero de 2015, mayo de 2016 y entre agosto y diciembre de 2018, en ésta última se concentra la mayoría. Para febrero de 2020 la Fiscalía emitió 13 resoluciones de no ejercicio de la acción penal, mismas que la ASE recurrió ante instancias locales obteniendo resoluciones favorables. Sin embargo, ningún caso ha avanzado hasta una sanción efectiva.
Patrón de operación
Las cuentas públicas auditadas corresponden a los periodos en que Carlos Ariel Moreira Valdés, Rubén Delgadillo Romo y Xicoténcatl de la Cruz García ocuparon la dirigencia sindical de la Sección 38. Durante los ejercicios de 2008 a 2011, tiempo en el que Carlos Moreira estuvo formalmente al frente del Comité Ejecutivo Seccional, no se presentó ninguna denuncia.
Entre los hechos descritos por la ASE en sus denuncias destaca el desvío de decenas de millones de pesos anuales desde el Fovi y el Seguro del Maestro hacia el Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo en que Rubén Delgadillo Romo ocupó la Secretaría General. Delgadillo Romo fue posteriormente ratificado como director del Fovi por la administración actual de Isela Licerio Luévano.
Otro dato relevante que emerge de las denuncias penales es que Alfonso Cepeda Salas, hoy secretario general del SNTE a escala nacional, cobraba en 2016 como asesor técnico del Seguro del Maestro mientras cumplía comisiones en el extranjero como parte del Comité Nacional, recibiendo 280 mil pesos por ese concepto.
La ASE señaló directamente ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción a Norma Leticia Escobedo Cuevas, entonces directora del Seguro del Maestro, como probable responsable de las irregularidades del ejercicio 2016. Escobedo Cuevas posteriormente fue incorporada al Comité Ejecutivo Seccional de la actual administración, donde ocupa la cartera de Coordinación y Operación de Regiones Sindicales.
Sólo las irregularidades documentadas en el Seguro del Maestro suman más de 119 millones de pesos. De haberse recuperado ese monto, alcanzaría para pagar íntegramente las pólizas de retiro y seguro de vida de más de mil trabajadores jubilados que actualmente las reciben de manera incompleta y con retrasos de hasta ocho años. En el caso del Fovi, los 647 millones documentados equivaldrían a entre 647 y mil 300 créditos de vivienda para maestros, dependiendo del monto otorgado.
Impunidad
La administración encabezada por Licerio Luévano llegó al poder en diciembre de 2022 con compromisos firmados de campaña, entre ellos, exigir al gobernador, al fiscal general y al fiscal anticorrupción resultados concretos sobre las investigaciones de la ASE durante los primeros días de gestión, así como desarticular los vínculos comerciales que mediante tráfico de influencias beneficiaran a empresas particulares a costa de las instituciones magisteriales.
Ninguno de esos compromisos se ha cumplido. En cambio, la actual administración enfrenta sus propias observaciones de la ASE: las auditorías al Seguro del Maestro correspondientes al ejercicio 2024 arrojaron irregularidades por aproximadamente 160 millones de pesos, equivalente a 83% del presupuesto aprobado para ese año bajo la dirección de Eduardo Botello Campos.
A eso se suma la venta del centro recreativo de Torreón en 18 millones de pesos, cuando su valor comercial supera los 174 millones, operación en la que el propio Botello admitió públicamente que evitó registrarla en el Sistema de Información Financiera para no ser detectado por la ASE. El diputado Jorge Valdez calificó esa conducta como una evasión fiscal declarada.
Las 16 denuncias originales siguen sin resolución. El patrimonio de los maestros coahuilenses sigue sin recuperarse.
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