Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Después de ser reportada como desaparecida el 28 de octubre último, Silvia de 13 años fue localizada sin vida el 16 de noviembre en un terreno baldío del ejido Buñuelos en Saltillo.
La menor de edad fue asesinada presuntamente por su pareja, Hugo Alejandro, de 21 años, vinculado a proceso el 1 de diciembre último por feminicidio.
El brutal homicidio de Silvia no sólo expone la persistencia de la violencia feminicida en el Estado, también coloca en el foco público el incremento de delitos sexuales en Coahuila, especialmente el del estupro.
En julio pasado un hombre de origen japonés, identificado como Matsui, de aproximadamente 40 años, fue detenido en un hotel del centro comercial Parque Centro en Saltillo por presuntamente mantener relaciones sexuales con una menor de 17 años que se encontraba en estado de ebriedad.
En ese mismo mes Ángel Armando, hombre de 38 años, fue vinculado a proceso por estupro y sustracción de menores, luego de que los padres de una menor de 15 años lo denunciaran por retenerla y presuntamente mantener relaciones sexuales con ella.
Hasta noviembre de 2025 la Fiscalía General del Estado registró 76 denuncias por estupro, mientras que durante 2024 se presentaron 64.
La titular de la Fiscalía de las Mujeres y Niñez de Coahuila, Katy Salinas, declaró al diario Vanguardia que durante el periodo de vacaciones de Semana Santa se denunciaron cuatro casos de estupro en la región Laguna. Las víctimas tenían entre 12 y 13 años, y sus agresores entre 50 y 60.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también registra un aumento significativo en las denuncias de “Otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”, pues pasó de 77 carpetas en 2024 a 188 en octubre de este año.
Lo anterior convierte a 2025 en el año con el mayor registro de carpetas de investigación abiertas por esos delitos durante la última década.
Con 66 carpetas, Saltillo concentró el mayor número de los delitos a escala estatal y se posicionó como el municipio número 33 con mayor incidencia a nivel nacional en esta categoría de agresiones.
El SESNSP agrupa diversas agresiones sexuales en ese rubro, incluyendo el estupro. Sin embargo, también incluye otros delitos como el exhibicionismo obsceno, lenocinio y ultraje a la moral pública, que fueron derogados y que no contempla el Código Penal de Coahuila.
¿Baja incidencia o falta de denuncia?
La falta de denuncia sobre delitos que atentan contra la seguridad sexual fue abordada por la titular de la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, y la psicóloga Laura Salgado, especialista en derechos humanos y perspectiva de género.
Valdés asegura que de los delitos atendidos por la Secretaría de las Mujeres, únicamente 4% de ellos está relacionado con violencia sexual; pero reconoció que muchas veces estos ilícitos no son denunciados por temor o miedo a que las víctimas sean señaladas.
“Es importante fomentar la cultura de la denuncia, de esta manera podemos bajar mucho los niveles de violencia tanto para ellas como para otras personas porque se dan cuenta de que se penaliza”, dice.
Explica que la Secretaría de la Mujeres, en coordinación con otras dependencias y secretarías, realiza campañas de concientización en colonias y ejidos del estado con el fin de que las mujeres puedan identificar conductas violentas y que presenten las denuncias correspondientes.
“Hacemos muchas campañas de concientización, acercamos la atención a las colonias, hacemos rutas en los ejidos para que las mujeres también ahí presenten las denuncias, y que vean que estas conductas de que un adulto sostenga una relación con una menor de edad no son normales”.
“Coahuila –continúa– es el estado número uno en atención a mujeres en casos de situación de violencia en todo el país”.
Respecto del estupro, la secretaria explica que al tratarse de un delito que se persigue de oficio, y al involucrar a menores de edad, se activan protocolos de atención interinstitucional con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y la Fiscalía de la Mujeres y Niñez. Además, aseguró que existe un registro confidencial nacional para evitar la revictimización durante su paso por diferentes instituciones.
Reafirma que, aunque el porcentaje es estos delitos “es menor”, no exime al Estado de trabajar en la prevención de este tipo de violencia.
Normalización del delito
Para la psicóloga Laura Salgado, la falta de denuncia también se debe “a la normalización de los mandatos de género y por la hipersexualización que se enseña a las mujeres desde niñas”, lo que, además, crea un desconocimiento de sus derechos.
Detalla que a escala cultural esos delitos se minimizan al ser percibidos como prácticas normales o inevitables, lo que incide en una amplia cifra negra de casos no judicializados.
“Si nos han dicho toda la vida que esto es normal, que siempre va a pasar generación tras generación, pues tampoco va a haber ninguna intención o cultura de denuncia si hay algo que esté incomodando o que sea precisamente una vulneración a los derechos humanos.
“Entonces existe luego esta cifra negra, ¿cuántas realmente llegan a denunciarse? o ¿cuántas llegan a posicionarse a través de diferentes mecanismos de judicialización?, pues realmente son muy pocas”, cuestiona.
Salgado advierte que el impacto de delitos como estupro es biopsicosocial y puede afectar en tres distintos niveles: el físico, con el surgimiento de traumas y respuestas fisiológicas de evitación; el psicológico, que puede derivar en diagnósticos como la ansiedad y la depresión, y el social, que se manifiesta con el aislamiento y la dificultad para tejer redes de apoyo efectivas.
Salgado propone una serie de líneas de acción urgente con un enfoque integral para prevenir y erradicar los delitos que atentan contra la seguridad sexual, entre ellas la investigación para generar políticas publicas informadas y eficaces.
“Por un lado tenemos la investigación para realmente conocer el fenómeno de viva voz de quienes están en esa circunstancia y poder visibilizarlo a través de diferentes espacios de divulgación científica, que permitan, entonces, incidir en política pública, protocolos y mecanismos que realmente estén aterrizados desde una perspectiva integral”, considera.
También destaca la intervención comunitaria con el propósito de ofrecer información accesible y respetuosa para quienes han sido víctimas de ese tipo de violencia, y la capacitación de profesionales de la salud mental que doten a las víctimas de herramientas de identificación y denuncia.
“Hay que trabajar en conjunto para que entonces con esto, al tener un reconocimiento del fenómeno, se sepa realmente cómo se está gestando y cómo es que lo está viviendo cada persona, entonces determinar políticas públicas, brigadas de atención e intervenciones comunitarias que realmente cubran estas necesidades y con un enfoque de perspectiva integral para quienes atienden estos casos”, explica Salgado.
