Ernesto Núñez AlbarránPor Ernesto Núñez Albarrán
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A los políticos les gustan los medios, pero no la prensa. De hecho, los políticos son adictos a verse en las portadas de los diarios, los noticieros nocturnos, los programas radiofónicos y, actualmente, en los portales digitales y en las redes sociales que pueden controlar. Los políticos, especialmente cuando están en el poder, saben que “salir en los medios” es una manera de controlar la narrativa, y que ésa es la clave para acceder y mantenerse en el poder. Los gobernantes aman los medios, pero aborrecen el periodismo crítico.
Por eso utilizan a comunicadores que les son afines, destinan presupuestos públicos a publicidad oficial, buscan la cercanía de algunos medios para hacerse propaganda; impulsan la creación de portales digitales o respaldan el crecimiento de canales de YouTube y cuentas de “influencers” en redes sociales que les sirven para amplificar sus mensajes.
Además, cuentan con los medios públicos, cuya programación controlan a su antojo, para hacer cada vez más grande su aparato de propaganda.
Y también crean canales de comunicación directa, que les permitan prescindir de los medios, para comunicarse directamente con el pueblo. El más exitoso de ellos es la conferencia mañanera que, en tiempos de la 4T, se ha erigido como el principal medio de control de la agenda pública y de difusión de la información oficial.
Emulada, con sus variantes, por casi todos los gobernadores de Morena, la mañanera comenzó como un “diálogo circular” entre el presidente López Obrador y los reporteros que cubrían sus actividades, pero hoy es la principal fuente de información de la mayoría de los medios, oficialistas e independientes, afines y críticos a la 4T.
Además, los gobernantes cuentan, desde hace varios años, con un inesperado aliado: la crisis de los medios tradicionales de comunicación (prensa, radio y TV) y la explosión de los medios digitales, de los que cada año aparecen y desaparecen por centenares.
Esta combinación de factores ha hecho más factible la violencia que se ejerce en contra de la prensa, sobre todo en un país donde el crimen organizado actúa con total impunidad.
Con medios cada vez más débiles y una proliferación de medios digitales, muchos de los cuales operan solo como cuentas de Facebook o canales de YouTube personales de ciertos comunicadores, el periodismo se ve cada vez más expuesto ante el poder de los poderes fácticos.
En un país con más de 30 mil homicidios dolosos por año, con políticas de seguridad fallidas y gobiernos locales debilitados, corrompidos y presionados por los criminales, es entendible (aunque no debería ser normal, ni mucho menos justificado) que se haya incrementado la violencia contra la prensa a niveles preocupantes.
Según la organización Artículo 19, en México se han cometido 181 asesinatos de comunicadores en lo que va del siglo XXI: 3 en el último año del expresidente Ernesto Zedillo; 22 en el sexenio de Vicente Fox; 48 en el de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto; 47 en el de Andrés Manuel López Obrador y 14 en los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las agresiones y amenazas en contra de periodistas son constantes, principalmente en entidades con alta presencia de grupos delincuenciales. Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán y Sinaloa son los estados con más periodistas asesinados entre 2000 y 2026.
Son estados donde ha habido alternancia política, casi todos gobernados actualmente por Morena, donde se ha normalizado la democracia electoral y, lamentablemente, también la violencia política.
Oaxaca es un ejemplo claro de todo eso. En esta entidad, acaban de asesinar a un periodista a plena luz del día, en un puesto de comida cercano a su domicilio, en una acción premeditada y planeada. El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar no fue un accidente, una lamentable coincidencia producto de un asalto o una venganza por “asuntos personales”. Fue un crimen en contra de la libertad de prensa, un ataque dirigido a alguien que, en esta etapa de su vida profesional, se había convertido en una voz incómoda para el régimen gobernante.
El asesinato ocurrió tras varias amenazas recibidas por el comunicador, y semanas después de que el gobernador, Salomón Jara, anunciara que iba a hacer una lista para denunciar a los portales digitales que, en sus palabras, “odian a Oaxaca y odian a sus pueblos originarios”. Porque, según el gobernador, criticar su gestión es “odiar al estado”.
No se trata de culpar directamente al gobernador del crimen. Es prácticamente imposible que Salomón Jara haya ordenado atacar a Alejandro Leyva, pero, como ocurrió en el sexenio de AMLO, su discurso sí creó ese ambiente de hostilidad contra la prensa en el que “alguien” consideró fácil cometer su asesinato, jalar el gatillo.
De eso sí tiene que responsabilizarse Salomón Jara; él y todos los políticos que aman a los medios, pero aborrecen al periodismo crítico. Señalar, hostigar, hacer listas, censurar y entorpecer la labor periodística no es propio de regímenes democráticos. Callar las voces críticas es el inicio de acciones más graves y delicadas.
Si el gobierno morenista quiere abrir una discusión nacional sobre el consumo de información en redes sociales y uso de inteligencia artificial en medios digitales, como ha anunciado la presidenta Sheinbaum, también sería deseable que se tome en serio el tema de las agresiones a la prensa y las condiciones en las que trabajan los periodistas en muchos estados del país.
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