Redacción El CoahuilenseA casi doce años de los hechos violentos que marcaron a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, el caso vuelve al centro del debate. Una resolución reciente de un Tribunal Colegiado pone en duda el acceso a la justicia para las víctimas y revive el impacto de una jornada que dejó una huella profunda en la familia de la activista Elisa Zepeda Lagunas.
La también diputada local otorgó una entrevista a Proceso donde advierte que el criterio judicial actual carece de perspectiva de género y omite la gravedad de los delitos cometidos en diciembre de 2014, como el asesinato de su hermano Manuel Zepeda y de Gustavo Estrada, además de las agresiones físicas graves y la tentativa de feminicidio contra ella y su madre.
El punto de conflicto se ubica en un fallo que abre la puerta a la liberación de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados. Zepeda afirmó que los magistrados privilegian una lectura de “especificidad cultural” por encima de un análisis integral de los homicidios y de las tentativas de feminicidio. A su juicio, ese enfoque introduce un sesgo que favorece la impunidad.
El caso también ha estado marcado por una disputa de narrativas. Mientras los sentenciados y sus defensas han insistido en presentarse como “presos políticos”, la víctima indicó que se trata de una estrategia que distorsiona los hechos y busca obtener respaldo social a partir de la identidad indígena de los involucrados. Entre los señalados aparecen figuras ligadas al PRI, como el exalcalde Alfredo Bolaños y Jaime Betanzos.
Para Zepeda, esa narrativa carece de sustento. Recordó que la agresión de 2014 no guarda relación con ningún cargo público, pues en ese entonces su actividad se centraba en el trabajo comunitario y la defensa de los derechos de las mujeres. Ese liderazgo confrontó estructuras de control locales y detonó la represalia.
La violencia en su contra también alcanzó el entorno digital. La legisladora denunció la existencia de campañas de difamación que buscan erosionar su credibilidad. Este escenario prolonga la violencia política iniciada hace una década, ahora con herramientas digitales.
Mientras tanto, en Eloxochitlán predomina la incertidumbre. Habitantes de la región observan con cautela las decisiones judiciales, ante el riesgo de que la falta de sentencias firmes aliente nuevos episodios de violencia en una comunidad que no olvida.
El Tribunal Colegiado sustenta su postura en la protección de derechos procesales bajo un enfoque intercultural. La representación de las víctimas sostiene que la pertenencia a un pueblo indígena no exime de responsabilidad en delitos graves como tortura y homicidio. Plantea un equilibrio entre garantías del acusado y protección a las víctimas.
Ante ello, Elisa Zepeda insistió en la solidez de las pruebas y recordó que los primeros detenidos transportaban el cuerpo de su hermano en un vehículo oficial. “A mí quisieron matarme”, por lo que exigió que los hechos se valoren con objetividad, y no en lecturas políticas.
Hoy, el caso entra en una fase de revisión técnica. Las víctimas buscan un análisis de fondo sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas hace casi 12 años y que las voces de las víctimas indirectas, en especial la esposa e hijas de Manuel Zepeda, no sean ignoradas.
