Redacción El CoahuilenseLa Fiscalía General de la República (FGR) incorporó un video como evidencia clave en el caso que involucra a Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control, y a Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades, señalados de haber solicitado un soborno de seis millones de pesos a un representante de Casanova Rent Volks, filial de la arrendadora de autos de los hermanos Echenique Casanova.
El nuevo proceso judicial vuelve a colocar bajo reflectores al grupo empresarial, acusado durante años de irregularidades en contratos de arrendamiento vehicular con dependencias federales. Sobrecostos, adjudicaciones directas e incumplimientos han marcado la trayectoria del conglomerado, que alcanzó su mayor influencia durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando logró dominar buena parte del negocio público del arrendamiento.
Según registros públicos, tan sólo durante el sexenio de Felipe Calderón, las divisiones Casanova Rent, Casanova Chapultepec, Casanova Vallejo y Casanova Rent Volks obtuvieron 138 contratos por un monto superior a 1,663 millones de pesos entre 2007 y 2012. A esto habría que sumar los 317 contratos adicionales por poco más de 6 mil 495 millones que firmó Casanova Vallejo con el gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2018, lo que la colocó como una de las arrendadoras más beneficiadas del periodo.
En 2015, el entonces senador David Monreal Ávila solicitó al Ejecutivo aclarar los contratos otorgados por la CFE a Casanova, mientras 16 legisladores del PAN denunciaron ante la PGR un presunto fraude por 3 mil 377 millones de pesos. Pese a la polémica, no se abrió investigación alguna.
Con la llegada de la 4T, las cosas no cambiaron mucho, aunque siguieron los contratos, también vinieron las sanciones.
En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Casanova Vallejo, una de las filiales del consorcio, 45 meses de inhabilitación por irregularidades en la renta de ambulancias al ISSSTE. Un año después, en 2023, la dependencia volvió a imponer una suspensión por 30 meses, al detectar anomalías en nuevos convenios de arrendamiento.
Pese a ello, el grupo obtuvo en abril de 2024 un amparo definitivo, que anuló la inhabilitación vigente, la cual le impedía contratar con el gobierno hasta 2026, y le permitió reincorporarse al padrón de proveedores federales.
Desde entonces, el conglomerado ha firmado más de 80 contratos por un monto superior a 500 millones de pesos, entre ellos adjudicaciones en San Luis Potosí, Ahome y Culiacán, donde autoridades locales investigan presuntos daños al erario y simulación de operaciones.
El grupo de los Echenique ha sabido sortear sanciones, auditorías y denuncias. Desde 2002 ha firmado contratos por miles de millones de pesos con gobiernos de distintos signos políticos, y hoy vuelve a figurar en una carpeta penal que amenaza con exponer, una vez más, los vínculos entre el poder público y una de las redes de arrendamiento más favorecidas del país.
