Inhabilitan empresa ligada a Adán Augusto

mayo 25, 2026
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CDMX.- Con la llegada de Adán Augusto López Hernández al gobierno del estado de Tabasco, el Corporativo Mexicano Revelor empezó a recibir adjudicaciones directas de la administración estatal y, posteriormente, invitaciones de la administración pública federal. Desde el año 2023, el corporativo dejó de recibir contratos y, en mayo de 2026, fue sancionado por obtener con engaño un contrato con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El 13 de mayo del año 2013 se creó el Corporativo Mexicano Revelor, S.A. de C.V., con domicilio en la capital del estado de Tabasco y, hasta 2019, no licitaba con el gobierno del estado; cuando menos, no registra ninguna contratación dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Comenzaron las adjudicaciones en 2020

La situación cambió con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la gubernatura del estado. En 2020 recibió su primer contrato por adjudicación directa en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, para un curso de capacitación para el desarrollo de competencias digitales.

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Para el año 2021, cuando López Hernández deja la gubernatura a su compañero de partido, Carlos Manuel Merino Campos, las contrataciones continuaron para la empresa, que recibió seis adjudicaciones directas más por parte del Colegio de Bachilleres de Tabasco, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura, todas entre 2021 y 2022; pero además, en la Ciudad de México también recibió otra adjudicación directa en la Secretaría de Obras y Servicios a finales del año 2021. Los datos oficiales muestran que, entre 2020 y 2022, el corporativo se embolsó 3 millones 496 mil pesos en estas adjudicaciones directas.

Contratos federales con el IMP

Los datos oficiales muestran que la fortuna del Corporativo Mexicano Revelor también llegó a la administración federal, que en 2021 lo convocó, a través del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), a participar mediante invitación a tres personas en la licitación IA-018T0O004-E185-2021, para ofrecer servicios de documentación audiovisual de los trabajos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas.

Resultó ganador Revelor, quien firmó contrato el 22 de abril del año 2022 con el IMP para realizar los trabajos en las instalaciones de dicho instituto en la ciudad de Villahermosa, con un costo de 4 millones 454 mil 400 pesos, finalizando los trabajos en diciembre de ese mismo año, según señala el contrato publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.

No fue lo único. En 2023, el corporativo resultó ganador de una invitación a cuando menos tres personas y de una licitación pública en el Colegio de Bachilleres de Tabasco por un monto de 1 millón 469 mil pesos. Después de estas contrataciones, el corporativo desaparece de las licitaciones gubernamentales, o cuando menos los datos oficiales no muestran otras más.

Sanción e inhabilitación

Sin embargo, Corporativo Mexicano Revelor volvió a ser noticia el pasado 21 de mayo, cuando la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la Federación hizo público que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo, impuso a la empresa Corporativo Mexicano Revelor, S.A. de C.V., una multa de 953 mil 556 pesos y una inhabilitación por 21 meses para celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

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La secretaría, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, señala que la empresa presentó durante el procedimiento de licitación cuatro escritos y una orden de compra para acreditar su experiencia y el cumplimiento de contratos previos, los cuales no fueron reconocidos por su emisor.

Con esto, el corporativo queda impedido para participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México; sin embargo, desde finales del año 2023 el gobierno de Tabasco dejó de convocarlos.

¿Por qué es importante esta noticia?

La relevancia de este caso radica en que exhibe la relación entre contrataciones públicas, adjudicaciones directas y mecanismos de fiscalización gubernamental. Además, la sanción impuesta por autoridades federales coloca bajo atención la manera en que empresas proveedoras acreditan experiencia y obtienen contratos con recursos públicos.

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