Redacción El CoahuilenseEn Tabasco, productores y fuentes del sector ganadero denunciaron irregularidades en la implementación del programa federal Crédito Ganadero a la Palabra, particularmente en la procedencia del ganado que se distribuye en la entidad, donde más de 10 mil cabezas al año no corresponderían a producción nacional.
De acuerdo con las fuentes consultadas, de las aproximadamente 16 mil novillonas que el programa distribuye anualmente en la entidad, la mayoría provendría de Centroamérica. Los ejemplares serían adquiridos a precios bajos en el mercado extranjero para posteriormente ser entregados al gobierno estatal como ganado mexicano, lo que generaría márgenes de beneficio económico superiores a los 100 millones de pesos por ciclo.
A la par del impacto financiero, expertos advirtieron sobre el riesgo sanitario que implica el ingreso de ganado sin los controles debidos. En el contexto actual, donde México enfrenta restricciones de exportación hacia el norte por brotes de gusano barrenador, el ingreso de animales de procedencia centroamericana compromete la sanidad pecuaria nacional.
Se debe sumar la preocupación por el posible uso irregular de aretes del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SIINIGA), los cuales permiten identificar el origen de los animales. Según las denuncias estos dispositivos podrían ser utilizados para registrar ganado de procedencia extranjera dentro de los esquemas nacionales.
En este contexto, productores que solicitaron el anonimato, mencionan la posible participación de figuras del ámbito político y ganadero, entre ellas Joaquín Alejandro Ligonio, subsecretario del gobierno estatal, y el senador José Sabino Herrera Dagdug.
Los afectados señalan que este tipo de prácticas podría incidir en las condiciones del mercado, particularmente para quienes participan en la producción local bajo esquemas formales.
Fuentes cercanas al gobierno tabasqueño señalaron que el tema ya es del conocimiento de mandatario estatal, Javier May Rodríguez y que se contemplarían posibles cambios en el gabinete, entre ellos la eventual salida de Joaquín Alejandro Ligonio.
Por otro lado, trascendió que este modelo de operación fue planteado a Marco Antonio Barba Arocha, secretario del Campo en Chiapas, con el fin de replicarlo en dicha entidad; sin embargo, en ese estado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha mantenido una postura de vigilancia estricta sobre la transparencia de los programas sociales y la protección del estatus sanitario.
