Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Que el pueblo decida. La democracia según la Cuarta Transformación es la obra periodística más reciente de Ernesto Núñez Albarrán. En ella el autor documenta la evolución del concepto de democracia y la tensa relación que ésta ocasionó entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.
A través de siete crónicas detalladas, basadas en su trayectoria como reportero y cercano a los procesos electorales, Núñez Albarrán entrelaza testimonios, documentos y debates para entender la redefinición de la democracia en México que surgió con la llegada de la Cuarta Transformación.
De Texcoco a la austeridad
El autor sitúa el origen de la transformación del concepto de democracia antes de la toma de protesta de AMLO como presidente: durante la consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en 2018.
Este ejercicio democrático en el que participaron un millón 96 mil 990 personas careció de rigor legal y logístico. El conteo estuvo a cargo de la Fundación Arturo Rosenblueth, una organización sin rastro reciente de experiencia electoral, bajo un esquema que diversos críticos calificaron como una consulta “patito” debido a la falta de padrones confiables, la ausencia de observadores y una logística cuestionable que dejó fuera a la mayoría de los municipios del país.
Pese a las críticas del ejercicio, el presidente electo lo defendió como un triunfo de la voluntad popular sobre los intereses privados, y dio por inaugurada una “nueva época de la democracia”.
La consulta popular marcó el inicio de un modelo que guio las futuras decisiones de López Obrador; entre ellas, la de implementar la consulta popular como mecanismo de toma de decisiones en torno a obras públicas y temas trascendentales para su gobierno.
Sin embargo, esta nueva era de democracia participativa trajo consigo una confrontación directa con el Instituto Nacional Electoral (INE).
La narrativa de la “Austeridad Republicana”, que establecía que ningún funcionario debía ganar más que el presidente se tradujo en recortes presupuestales al INE, que en 2019 tuvo una reducción de 950 millones de pesos.
Estos episodios de presión financiera, realizados a menudo sin justificación, determinaron el curso de la relación tensa y conflictiva entre el Ejecutivo y el INE, y marcaron el inicio de una disputa por la autonomía del órgano electoral frente a la voluntad del Ejecutivo.
La barbacoa y la ruptura: el punto de inflexión
La relación entre Andrés Manuel López Obrador y INE encuentra su punto de inflexión en una anécdota cargada de simbolismo. Al inicio del segundo capítulo, Ernesto Núñez relata un encuentro casual que marcó un antes y un después en la relación entre ambos.
El 5 de febrero de 2020, en la Barbacoa Santiago, una parada obligada en la autopista México-Querétaro, ocurrió el último encuentro cordial entre López Obrador y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Pese a las confrontaciones previas en redes sociales, Córdova Vianello aprovechó el encuentro para pedirle al mandatario una audiencia y sensibilizarlo sobre la importancia de no debilitar al sistema electoral con recortes presupuestales ni reformas agresivas.
Aunque López Obrador conocía a Córdova desde la infancia, pues fue alumno y amigo cercano de su padre, Arnaldo Córdova, y aceptó la petición, la cita nunca ocurrió.
Ernesto Núñez describe aquel apretón de manos como el último gesto de camaradería antes de que la relación entre ellos se tornara abiertamente hostil, e iniciara una escalada de conflicto que definiría la dinámica entre el Ejecutivo y la autoridad electoral durante los años siguientes.
Tras este quiebre, los choques se volvieron constantes. El primer episodio fue la disputa por el padrón electoral: el gobierno intentó obtener la base de datos del Registro Federal de Electores para crear una cédula de identidad. Córdova rechazó la petición. Argumentó la defensa de la autonomía constitucional del INE.
Posteriormente, durante la pandemia de covid-19, el INE determinó aplazar los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo. El gobierno interpretó esa decisión como un desafío directo al poder y no como una medida sanitaria.
A partir de entonces, el presidente construyó una narrativa que denunciaba la existencia de un “bloque opositor” en el órgano electoral.
La confrontación alcanzó el límite de lo jurídico y lo político cuando el INE canceló las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, quienes aspiraban a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no haber presentado un informe de gastos de precampaña.
La respuesta del oficialismo fue inmediata: amenazas de juicio político contra los consejeros, la etiqueta del INE como “enemigo de la democracia” y la promesa presidencial de una reforma para sustituir al instituto.
Tras los resultados de las elecciones celebradas en 2021 que no favorecieron a la bancada oficialista en San Lázaro, López Obrador aceleró su determinación de impulsar una reforma electoral integral, centrada en la eliminación de diputaciones plurinominales y un drástico recorte presupuestal al órgano electoral.
La estrategia de desgaste
Desde la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna encabezó los intentos por reformar el sistema electoral. Sus propuestas incluían la desaparición de los Organismos Públicos Locales (OPL), la elevación de la “austeridad” a rango constitucional y la modificación del Comité Técnico de Evaluación para los aspirantes al INE, con el objetivo central de disminuir las facultades operativas del instituto.
Ante la falta de mayoría calificada para validar el Plan A, que buscaba reemplazar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el Ejecutivo presentó en diciembre de 2022 el Plan B.
Esta serie de reformas a leyes secundarias, aprobadas sin lectura previa, pretendía reducir la estructura operativa del órgano electoral para facilitar su control. Sin embargo, la Suprema Corte declaró su inconstitucionalidad tras confirmar graves violaciones al proceso legislativo.
La salida de Lorenzo Córdova del INE en abril 2023 y la renovación del Consejo General pusieron fin a este capítulo. A través de un proceso de “tómbola”, Guadalupe Taddei Zavala asumió la presidencia del INE, lo que marcó el inicio de una etapa de instabilidad marcada por renuncias masivas, nombramientos cuestionados y una fractura interna entre las y los consejeros.
El Plan C: La batalla definitiva
Ante las decisiones de la Suprema Corte, en febrero de 2024 López Obrador lanzó el Plan C, “una serie de iniciativas de reforma constitucional que condensaban su ideario, su herencia y sus prejuicios”.
Se trató de una reconstrucción total del sistema político: contemplaba la elección popular de jueces y magistrados, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la desaparición de organismos autónomos como el INAI, el IFT, la Cofece y el Coneval.
Tras definir las reglas de la contienda interna en la famosa cena en El Mayor, el presidente logró evadir las restricciones sobre actos anticipados de campaña, y la oposición también replicó la estrategia.
El 2 de junio, Claudia Sheinbaum triunfó con casi el 60% de los votos, y gracias a una interpretación favorable de las autoridades electorales, el oficialismo obtuvo la mayoría calificada en San Lázaro, lo que les otorgó la posibilidad de aprobar el Plan C y reformar la Constitución sin oposición.
Para consolidar la reforma judicial, el oficialismo logró sumar votos clave en el Senado, y el proceso culminó en la “megaelección” del 1 de junio de 2025, un ejercicio inédito y complejo.
Marcado por la incertidumbre jurídica, un recorte presupuestal de más de 20 mil millones al INE que obligó a improvisar en la logística y causó la anulación de 818 casillas, y un proceso lleno de litigios, la votación resultó en comicios con resultados predeterminados.
Investigaciones del medio digital Animal Político confirmaron que operadores de todos los partidos distribuyeron “acordeones” (guías de voto) con candidatos predilectos, los cuales coincidieron casi al 100% con los resultados finales.
Esta dinámica se replicó incluso en estados como Coahuila y Durango, gobernados por la oposición, lo que evidenció una operación concertada para capturar las instancias judiciales.
El Segundo Piso: un proyecto en movimiento
En el epílogo del libro Núñez marca la transición hacia la era de Claudia Sheinbaum. Con el nombramiento de Pablo Gómez como responsable de la nueva reforma político-electoral, la presidenta dejó claro que su proyecto es la continuación directa de la agenda lopezobradorista que busca rediseñar el árbitro electoral y los mecanismos de representación.
Sin embargo, el contexto de 2026 es más complejo. La iniciativa, bautizada por la oposición como Ley Maduro, no sólo enfrenta el rechazo de la sociedad civil y exconsejeros electorales, sino también rupturas internas en la coalición oficialista sobre la eliminación de plurinominales y la reducción de prerrogativas.
El libro concluye advirtiendo que, frente a un entorno internacional hostil y presiones internas, la “democracia según la 4T” enfrenta en 2026 la prueba más difícil.
