Redacción El CoahuilenseGabriela María De León Farías
Maestra en Derechos Humanos
Especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.
Ciudadana
Apenas el pasado mes de marzo, la administración de Donald Trump tomó la decisión de cancelar el contrato federal que financiaba la representación legal de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. Esta medida fue comunicada oficialmente el 21 de marzo de 2025, cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) notificó a más de 100 organizaciones y despachos legales que debían cesar inmediatamente su trabajo de representación bajo el contrato vigente.
Este contrato, proveía asistencia legal a cerca de 26,000 menores de edad migrantes bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). La cancelación dejó a estos niños y niñas sin acceso a defensa legal, en medio de un contexto de aceleración de procesos de deportación.
Esta decisión ha desatado una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Más de 26,000 niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos víctimas de violencia, trata o abandono, han quedado a la deriva en un sistema legal que ni siquiera los adultos comprenden del todo, obligados a defenderse solos ante jueces y fiscales entrenados, sin hablar inglés y, en muchos casos, sin siquiera saber leer o escribir.
El recorte presupuestal, que eliminó más de 367 millones de dólares destinados a la defensa legal de estos menores de edad, fue justificado como una medida de austeridad, pero en la práctica, representa un golpe directo a los derechos humanos más básicos de las infancias migrantes. Organizaciones especializadas han advertido que los niños sin representación legal tienen cinco o seis veces menos probabilidades de obtener asilo o protección, lo que los condena a una deportación expedita y, en muchos casos, a regresar a contextos de violencia extrema o muerte segura.
Las imágenes son devastadoras. Niños de apenas seis o siete años compareciendo solos ante un juez, incapaces de comprender los cargos en su contra o de articular una defensa, debería estremecer a cualquier sociedad que se pretenda civilizada. La administración Trump, al acelerar los procesos de deportación y simultáneamente eliminar la defensa legal, ha creado un “dique mortal” que expulsa a los menores de edad más vulnerables sin siquiera escuchar sus historias.
En este contexto, la respuesta del gobierno mexicano ha sido escasa, lo que lo convierte en cómplice por omisión. Aunque la Cancillería mexicana ha emitido comunicados condenando la separación de familias y asegurando que brinda asistencia consular, la realidad es que la mayoría de los niños migrantes, especialmente los centroamericanos, quedan fuera de cualquier red efectiva de protección. Investigaciones recientes revelan que solo el 19% de los menores detenidos en México son procesados bajo los nuevos sistemas de protección, mientras que el resto es devuelto sumariamente a contextos de riesgo, en flagrante incumplimiento de los compromisos internacionales y de la propia legislación mexicana.
La falta de presupuesto, recursos humanos y voluntad política en las oficinas mexicanas de protección infantil ha dejado a miles de niños y adolescentes migrantes expuestos a la detención arbitraria, la deportación masiva y la violencia de grupos criminales.
Las reformas legales de 2021, que prometían un sistema robusto de protección, han quedado en letra muerta ante la inacción y el desinterés de las autoridades estatales y federales. Mientras tanto, organizaciones civiles y organismos internacionales llenan, con recursos limitados, el vacío dejado por el Estado mexicano.
La crisis que enfrentan los niños migrantes no es solo un fracaso humanitario, sino una flagrante violación de sus derechos humanos fundamentales. La decisión de la administración Trump de cancelar la financiación para su representación legal en tribunales de inmigración condena a miles de menores de edad a una defensa solitaria e injusta, exponiéndolos a la deportación sin posibilidad real de protección.
Esta medida, sumada a la inacción y la insuficiente respuesta del gobierno mexicano, que no garantiza ni protege adecuadamente a estos niños en tránsito, profundiza su vulnerabilidad y los deja a merced de la violencia, la explotación y la exclusión. La doble omisión de ambos gobiernos no solo incumple sus obligaciones internacionales, sino que perpetúa un ciclo de injusticia y sufrimiento que debería ser inaceptable para cualquier sociedad que se diga respetuosa de los derechos humanos. La protección de la infancia migrante debe ser una prioridad urgente y no un daño colateral de políticas migratorias restrictivas y negligentes.
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