AgenciaSaltillo, Coahuila.- El tramo de “Los Chorros“, en la carretera federal 57, permanece como uno de los puntos más críticos en infraestructura y seguridad vial del norte del país.
Pese a tener un proyecto técnico listo y sin trabas legales, la obra de rectificación sigue detenida a la espera de una asignación presupuestal del gobierno federal.
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Frente a esta indefinición, el gobierno estatal gestiona medidas de mitigación inmediata, como un mayor despliegue de la Guardia Nacional y una respuesta más rápida a accidentes, mientras insiste en la solicitud de recursos para la obra definitiva.
A esta exigencia de años se suman legisladores locales y federales que señalan la ausencia del proyecto en el Presupuesto de Egresos vigente y acusan falta de voluntad política federal.
Paralelamente, la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha deslindado responsabilidades, remitiendo la gestión a Caminos y Puentes Federales (Capufe), lo que configura un escenario de dispersión institucional que mantiene en pausa una intervención considerada urgente.
El gobernador Manolo Jiménez ha reconocido que la ejecución del proyecto, que pertenece a Capufe, está supeditada a una decisión presupuestal de la federación.
“Lo único que falta es recurso, y como este tramo pertenece a Capufe, tiene que ser recurso federal”, explicó.
Mientras, su administración impulsa la presencia de la Guardia Nacional en la zona para reducir riesgos.
La diputada local Edna Dávalos ha denunciado el abandono federal, afirmando que la obra no está contemplada en el presupuesto anual.
“No viene contemplada esta obra una vez más, un año más”, señaló, y mencionó la falta de seguimiento por parte de la delegación federal de la SICT en Coahuila.
Por su parte, el diputado federal Jericó Abramo sostiene que no hay obstáculos técnicos o jurídicos.
“Ya hay un proyecto ejecutivo, ya hay un proyecto presupuestal, ya hay una liberación de tramo, ya no hay ningún obstáculo. Lo único que tiene que hacer el gobierno de la república es decidir cuándo lo arranca”, subrayó.
Estimó el costo en alrededor de 1 mil 700 millones de pesos, que podrían salir de una bolsa federal existente para obras carreteras.
Desde la SICT estatal, el delegado Tanech Sánchez aclaró que la dependencia no es responsable de gestionar los fondos, función que corresponde a Capufe.
“Existe una responsabilidad sustantiva que no recae en la Secretaría, porque Capufe necesita solicitar los recursos pertinentes”, afirmó.
También atribuyó parte del problema a la conducta vial, como el exceso de velocidad de los transportistas.
El tramo es reconocido como uno de los más peligrosos del país. Un recuento hemerográfico de 2025 estima entre seis y catorce accidentes relevantes, con un saldo aproximado de siete fallecidos y entre 25 y 30 lesionados, aunque no existen cifras oficiales desagregadas publicadas por las autoridades.
El panorama para 2026 se mantiene incierto. Aunque existe un proyecto listo, no hay una asignación presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos ni un calendario oficial para el inicio de los trabajos.
La dispersión de responsabilidades y la falta de recursos etiquetados indican que, hasta ahora, no hay un plan concreto para rectificar “Los Chorros” en el año en curso.
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Con información de Capital Coahuila
