Por Daniel Cortinas
Saltillo, Coahuila. – Han pasado casi 15 años desde que Silvia Eugenia Garza Villarreal huyó de Allende, Coahuila, pues la familia Garza era el objetivo principal del grupo criminal Los Zetas.
Durante la masacre de 2011, Silvia perdió 12 familiares y en 2021 otros cinco que fueron secuestrados cuando decidieron regresar a Allende, entre ellos su padre junto a su esposa, sus dos medios hermanos y un hermano.
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Los Zetas invadieron sus casas y sus ranchos con maquinaria pesada, los saquearon, incendiaron y quedaron parcialmente destruidos. La pérdida de bienes materiales ocasionó que dos propiedades de la familia fueran hipotecadas al no poder solventar los pagos.
“Ya Estados Unidos está logrando lo que para México iba ser imposible, la justicia penal, dado el sistema enfermo que existe en México corrompido por la corrupción y la impunidad cada vez peor a lo anterior. Ahora le toca a México hacer algo, que es cumplir y pagar, así lo marca la ley para “todos” no solo para beneficio de los que están en el poder. Pedimos que la presidenta exija hacer bien y justamente el trabajo para las víctimas que tienen años solicitando justicia expedita dado el gran daño cometido por las autoridades en todos niveles por la pérdida de la vida de nuestros familiares, pérdidas materiales y daños a nuestras vidas que quedaron marcadas para siempre, por una masacre que pudo ser evitada si la autoridad hubiera respondido a los llamados de auxilio”, declara Silvia.
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Silvia Eugenia explica que las víctimas siguen sin recibir respuesta, a pesar de que en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, emitieron una disculpa pública.
El acto se llevó a cabo en 2019 por la recomendación 10VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que enlistaba 44 putnos con acciones para solventar el caso, además del cumplimiento de la reparación del daño, la garantía de no repetición y la fabricación de un censo de las víctimas.
A la fecha, no hay ningún tipo de continuidad o cumplimiento y ninguna familia ha recibido dicha reparación material, que consiste en la compensación económica de los familiares de las víctimas, monto que se determina con base en peritajes para establecer la cantidad que le corresponde a cada familia.
“Morena prometió ser el cambio, es fecha que no han cumplido. Queremos que las leyes se cumplan, que los organismos respondan verdaderamente porque las garantías por los derechos humanos han sido una mera simulación, es un engaño para el mundo entero, México no solo no cumple, sino que está engañando, diciendo que hace justicia a las víctimas que han dejado en pie, nos dejan en visto y solo piden prórrogas y dan excusas y mentiras para dilatar el cumplimiento de su deber”, expone Garza Villarreal.
Desde 2018, Silvia ha estado luchando por cuenta propia para exigir la reparación de daños materiales, aproximadamente de 100 millones de pesos, además del daño psicológico, moral y de revictimización por parte del gobierno. “Por todos estos años que hemos reclamado y exigido justicia para la tragedia más grande dentro de una misma familia en pérdidas humanas y materiales, que fue perseguida, torturada y aniquilada por un periodo de casi dos años, mientras que las autoridades y el narco terminaban su encomienda ordenada por sicarios, esto es lo que ha provocado el sistema putrefacto de Gobierno en México. Presidenta no nos cansaremos de exigir hasta recibir la justicia completa”, finaliza Silvia Eugenia Garza Villareal.
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