Redacción El CoahuilensePor Andrea Cárdenas/CEDIL
Saltillo, Coahuila.- En fechas recientes, y con rumbo a la marcha del 8M de 2026, en Saltillo se han gestado discursos que atentan contra los fundamentos de la civilidad en nuestra sociedad. Discursos discriminatorios y transfobicos han aparecido buscando justificar la segregación de la marcha, donde resaltan los intentos por hacer una tajante distinción entre las mujeres llamadas biológicas y las mujeres trans, apelando al modo en que las mujeres trans ya poseen días para marchar y reclamar sus derechos en el mes del orgullo.
Esto no hace sino ahondar en una separación que solo conviene al poder. Las violencias hacia las mujeres trans por violencia transfóbica o transmisoginia están presentes en nuestro estado, en nuestras calles, en los espacios laborales, educativos y familiares.
Invisibilizarlas o relegarlas a otros momentos del calendario político implica desconocer que el 8M no es únicamente una conmemoración simbólica, sino una jornada histórica de denuncia contra todas las formas de violencia patriarcal, binaria y heteronormada.
Recordemos que marchar y manifestarse es nuestro derecho, pero también es una práctica ética que se funda en la solidaridad y en el reconocimiento de las múltiples experiencias de opresión que atraviesan a quienes luchan por una vida digna.
En este contexto, en Coahuila, la población transgénero y no binaria, estimada en aproximadamente 23,634 personas (incluyendo cerca de 4,164 mujeres trans, 3,044 hombres trans y 16,426 personas no binarias), enfrenta barreras sistémicas significativas para el ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con el análisis de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada por el INEGI en 2021, el 44.5% de este sector ha sufrido la negación injustificada de al menos un derecho fundamental en los últimos cinco años, tales como el acceso al empleo, la atención médica o la entrada a establecimientos públicos.
Esta cifra evidencia una exclusión institucional que vulnera su ciudadanía plena y limita gravemente sus oportunidades de desarrollo económico y social en la entidad.
Sumado a la violencia institucional, el entorno cotidiano resulta hostil para la inmensa mayoría de esta comunidad: un alarmante 97.1% reportó haber vivido situaciones de rechazo social, que van desde miradas agresivas y comentarios ofensivos hasta acoso directo y discriminación.
Este clima de intolerancia, visible tanto en la interacción social como en la falta de protocolos efectivos de justicia en municipios clave, perpetúa un ciclo de invisibilización e impunidad que normaliza la violencia basada en la identidad de género en el estado.
Bajo estas condiciones de discrimación, cuando se intenta excluir a las mujeres trans con el argumento de que “no son biológicamente mujeres”, se reproduce una lógica esencialista que el propio feminismo ha cuestionado durante décadas.
Reducir la experiencia de ser mujer a un criterio estrictamente biológico implica ignorar que el género es también una construcción social, histórica y política atravesada por relaciones de poder.
Además, dicha exclusión no solo niega identidades, sino que legitima violencias materiales: agresiones, discriminación institucional, precarización económica y crímenes de odio que siguen marcando la vida cotidiana de muchas personas trans.
Asimismo, excluir a hombres trans de estos espacios los revictimiza, pues las violencias de las que han sido objeto a lo largo de su historia de vida no se cancelan, ni desaparecen las huellas emocionales, sociales y estructurales que esas violencias dejan.
Al excluirlos corremos el riesgo de imponer silencios y negar la posibilidad de que esas experiencias también formen parte de la memoria colectiva del 8M. Evitar la revictimización es, en sí mismo, un principio ético fundamental para cualquier movimiento que aspire a la justicia.
La fragmentación de las luchas ha sido, históricamente, una de las estrategias más eficaces para sostener las estructuras de dominación. Dividir entre “mujeres verdaderas” y “mujeres de segunda” no nos fortalece, nos debilita y encajona fuera de una vocación emancipadora.
El poder opera promoviendo jerarquías internas, disputas identitarias excluyentes y fronteras que impiden la construcción de alianzas amplias. Frente a ello, la pregunta que debemos hacernos no es quién merece marchar, sino contra qué violencias marchamos y cómo podemos articular resistencias comunes.
Que existan días específicos de visibilidad para las personas LGBTIQA+ no significa que sus demandas deban quedar confinadas a esos espacios. Las violencias no ocurren en fechas aisladas, y la lucha por la dignidad tampoco debería limitarse a un calendario.
El 8M, en tanto jornada contra la violencia patriarcal, interpela todas las formas en que el sistema castiga a quienes desafían las normas de género. Por ello, excluir a las personas trans de esa interpelación supone reducir el alcance político de la movilización y desconocer la intersección de opresiones que muchas de ellas enfrentan.
La lucha por la visibilidad, el respeto y la no discriminación de las personas trans es un proceso inacabado; un proceso que requiere escucha, autocrítica y disposición a cuestionar incluso aquellas certezas que parecen más arraigadas. Hay que insistir en que no hay emancipación posible si esta se construye sobre nuevas exclusiones. En otras palabras, la libertad no puede edificarse negando la existencia de otras personas, ni la justicia puede sostenerse sobre la discriminación.
Hoy más que nunca necesitamos ser capaces de elegir el camino de la inclusión antes que el de la pureza identitaria. Un feminismo que entienda que el sujeto político no es una esencia fija, sino una construcción colectiva en permanente transformación. Marchar juntas, juntos y juntes no borra diferencias; más bien, las reconoce sin convertirlas en motivo de exclusión.
Invitar a la no discriminación no es un gesto superficial de tolerancia, sino una toma de postura frente al poder. Significa negarse a reproducir las mismas lógicas que históricamente han oprimido a todas las mujeres. Afirmamos que ninguna vida es prescindible cuando hablamos y actuamos desde la dignidad humana.
En el horizonte del 8M de 2026 Saltillo tiene la oportunidad de elegir entre la fragmentación y la solidaridad; entre el miedo que excluye y la esperanza que convoca. Que esa elección esté guiada por la memoria de quienes han sufrido violencia, por el compromiso con quienes aún la padecen y por la convicción de que la justicia solo es posible cuando nadie queda fuera.
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