Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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El incendio ocurrido en la planta de tratamiento de desechos de Simeprode, en Salinas Victoria, en Nuevo León, no sólo expone un fallo operativo, sino revela la fragilidad de la política ambiental del estado que gobierna Samuel García. Un episodio que, más allá de las llamas, ilumina la contradicción entre el discurso de supervisión rigurosa y la práctica deficiente dentro del propio aparato gubernamental.
Durante meses, el gobierno estatal ha presumido una política ambiental de inspección severa, dirigida principalmente al sector privado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, que lleva Raúl Lozano Caballero. Sin embargo, mientras las clausuras y sanciones se multiplican en empresas medianas y pequeñas, con el más mínimo pretexto, las instalaciones públicas evidencian un deterioro silencioso. Simeprode, pieza clave en la gestión de residuos, parece haberse convertido en ejemplo de esa negligencia institucional que castiga hacia afuera pero se tolera hacia adentro.
El siniestro no puede verse como un hecho aislado. Es resultado de años de mantenimiento deficiente, recortes presupuestales y falta de planeación técnica. En el fondo, lo que arde es la consecuencia de una administración que prioriza la inmediatez política sobre la prevención ambiental.
Y es que mientras se destinan recursos extraordinarios a proyectos emblemáticos de movilidad e infraestructura rumbo al Mundial 2026, los sistemas de control ambiental pierden personal, tecnología y capacidad operativa. Esta redistribución de prioridades deja al descubierto una lógica de gestión que mide el éxito por la visibilidad de las obras, no por la solidez de sus instituciones.
Además, el incendio de Simeprode abre un debate de fondo sobre la coherencia del modelo ambiental estatal. Si el gobierno asume el papel de fiscalizador y juez, debería someterse al mismo rigor que impone al resto. La credibilidad de cualquier política pública se sostiene no sólo en la norma, sino en la congruencia con que se aplica. Y en este caso, las brasas del siniestro parecen haber calcinado buena parte de esa congruencia.
El fuego se apagó, sí, pero el humo sigue siendo visible. Es el de un modelo ambiental que se consume lentamente entre el descuido y la autocomplacencia oficial.
Peligroso trío
La Asociación de Obreros y Empleados del Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios, no cesa en su meta por defender los derechos de los que menos tienen.
Este mes denunció ante el INFONAVIT que de una plantilla de más de 15 mil trabajadores, Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales habría dejado sin seguro social al 90%, pero eso no es todo, ya que la empresa vinculada sectorialmente a José Juan Reyes Domínguez sería parte del mismo grupo al que pertenecen Servicios Integrales Retimar, y Aseo Privado Institucional, las cuales también tendrían a miles sin afiliar ante el IMSS.
Este peligroso trío asea instalaciones del ISSSTE, de Martí Batres; del IMSS-Bienestar, de Alejandro Svarch; del IPN, de Arturo Reyes; de Hacienda, de Edgar Amador; y del Metrobús de la CDMX, de María del Rosario Castro, por lo que en conjunto acumulan contratos por 4 mil millones de pesos, mientras las evasiones contra el INFONAVIT se calculan en 100 mdp anuales.
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