Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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En este espacio hemos comentado la realidad de la contaminación en Nuevo León que, a pesar de las reformas en curso para proteger el medio ambiente y las promesas del gobierno de Samuel García de mejorar la calidad del aire, la situación persiste en niveles preocupantes.
En primer lugar, las fábricas ubicadas en la zona metropolitana de Monterrey continúan siendo responsables de emitir grandes cantidades de metales pesados, como plomo, arsénico y cadmio, que afectan la salud pública de la región.
Este fenómeno se ha documentado a través de informes de instituciones como Quinto Elemento Lab, que han identificado a las principales industrias que generan estos contaminantes, muchas de las cuales están vinculadas al reciclaje de residuos peligrosos provenientes de Estados Unidos.
A través de esta actividad, se libera al aire no sólo dióxido de carbono, sino también elementos altamente tóxicos, lo que impacta negativamente en la calidad del aire del Área Metropolitana.
Por el lado del gobierno, las políticas públicas implementadas siguen siendo insuficientes para mitigar esta crisis. Aunque el Congreso de Nuevo León ha aprobado reformas en la Ley General de Cambio Climático, que incluyen la creación de mecanismos de rendición de cuentas y mayor transparencia sobre los emisores de contaminantes, los resultados hasta ahora son limitados.
Eso sí, no se sorprenda de que, al estilo de la mañanera, se exhiban a las empresas que el estado señala como las principales responsables de la mala calidad del aire. Y es que las acciones de Samuel parecen estar más centradas en los intereses económicos de las industrias contaminantes que en una verdadera política pública de protección ambiental.
De hecho, las fábricas que más contribuyen a la contaminación siguen operando con poco o ningún tipo de regulación ambiental rigurosa, como es el caso de la refinería de Cadereyta. Esto deja claro que la prioridad del gobierno sigue siendo la protección de los intereses económicos, en lugar de asegurar que estas industrias operen de manera sostenible y no pongan en riesgo la salud de la ciudadanía.
Este panorama es aún más alarmante si consideramos el impacto que tiene la contaminación en la salud pública. Las personas que habitan en áreas cercanas a estas industrias se enfrentan a problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y otros efectos adversos relacionados con la exposición a metales pesados y otros contaminantes.
Es vital que se ponga un freno a esta doble moral, ya que mientras se buscan aumentos impositivos, como el del aumento al ISN, que afectan a las empresas locales, y que organismos como la Coparmex local lo atribuyen a un sobregiro en gasto por obras del Mundial, las industrias más contaminantes siguen funcionando sin rendir cuentas por el daño que ocasionan al medio ambiente. La falta de políticas ambientales firmes está llevando a que Monterrey, en lugar de ser una ciudad más verde y saludable, siga siendo una de las más contaminadas de México.
¿Fiscal sin visa?
En los círculos políticos de Chihuahua comenzó a tomar fuerza un rumor que, de confirmarse, sacudiría directamente al gobierno de Maru Campos y al panismo estatal. Resulta que, al Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, le habrían retirado la visa de Estados Unidos.
En el ajedrez político del norte, que Washington decida cerrar la puerta a un funcionario clave siempre enciende alarmas. Zuany Portillo no solo encabeza un área estratégica, también opera en los temas más delicados del estado, donde se cruzan investigaciones, seguridad y vínculos institucionales con el exterior.
Aunque el gobierno estatal mantenga silencio, el tema ya se instaló. Si el país vecino cerró la puerta, alguien tendrá que explicar por qué.
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