Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Mientras Samuel García se esmera en presumir modernidad, inversiones y programas sociales, en Nuevo León la realidad que viven empresas y ciudadanos es muy distinta. Más impuestos, más presiones regulatorias, más dádivas entregadas con estética electoral y, al mismo tiempo, una crisis ambiental.
La ciudad respira veneno. No es una metáfora. Estudios revelan que la refinería de Cadereyta genera casi el 90 por ciento del dióxido de azufre industrial y alrededor del 20 por ciento de las partículas PM2.5 y PM10 que dañan pulmones, corazón y cerebro.
Se trata de una instalación obsoleta, financieramente insostenible —con pérdidas cercanas a los 2 mil millones de pesos anuales— y ambientalmente devastadora. Pero la administración estatal se concentra en otras prioridades.
Entre esas prioridades está el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento, un alza del 33 por ciento que representa un golpe directo al sector productivo.
Las Cámaras empresariales han advertido que esta medida frenará la inversión, aumentará la informalidad y pondrá en riesgo miles de empleos. La creación de empleo formal en Nuevo León cayó 48 por ciento entre enero y octubre respecto al año previo, y que un aumento similar al ISN en 2013 provocó una reducción de casi 20 por ciento en los puestos de trabajo generados.
Pese a ello, el Gobierno estatal espera obtener más de 7 mil 500 millones de pesos adicionales de esta recaudación. Por cierto, diputados de oposición afirman que tal incremento no fue discutido previamente en las reuniones con el Ejecutivo.
A esto se suma la intención de subir del 30 al 50 por ciento la tasa a juegos con apuestas y triplicar los costos de permisos de alcohol. Restauranteros, operadores de casinos y representantes del sector entretenimiento coinciden en que estos incrementos empujarán a negocios y consumidores hacia la ilegalidad, afectarán la recaudación y deteriorarán la calidad de los servicios. La narrativa oficial habla de orden y regulación; la realidad apunta al riesgo creciente de un mercado clandestino.
Mientras se presiona fiscalmente a la industria, el gasto social se dispara en plena antesala electoral. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, de Martha Patricia Herrera, duplicaría su presupuesto en 2026, pasando de 2 mil a 4 mil millones de pesos. Los apoyos para jefas de familia y emprendedoras aumentaron de 800 a 2 mil pesos mensuales y el padrón crecería a 160 mil beneficiarias.
N.L. enfrenta una crisis ambiental, una economía desacelerada y un clima político donde la recaudación se multiplica al mismo tiempo que crecen los programas asistenciales. Luego entonces, el Gobierno exige más a quienes producen y entrega más a quienes pueden traducirse en apoyo electoral.
Cifras contra bloqueos
La reunión del lunes pasado en Bucareli, encabezada por Rosa Icela Rodríguez y Julio Berdegué, marcó un punto de quiebre en la tensión con productores y transportistas. Mientras el bloqueo tomaba carreteras, el secretario de Agricultura llegó con datos: acuerdos que elevaron el maíz de 4,200 a más de 6,000 pesos por tonelada, negociaciones con harineras que subieron el precio de compra de 94 a 105 dólares, y un nuevo arancel al azúcar que protege a cañeros e ingenios.
También se anunciaron más de 1,700 millones para el Plan Frijol y Campeche, y el programa de leche subsidiada ya abastece a 8 millones de familias, con meta de 10 millones para 2028. En medio de la presión, Berdegué supo cómo controlar la narrativa.
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