Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
A estas alturas, las descalificaciones a Genaro Lozano parecen tema agotado. No lo es. Detrás de lo ocurrido en la semana precedente gravita la discriminación, la intolerancia y el ímpetu desbordado por ganar terreno en la discusión pública, así sea a partir de un intento –por demás infructuoso—de escarmiento.
Las razones parecen ser diversas pero la más abominable tiene que ver con el cariz homofóbico que orientó en buena medida la discusión. El hecho de que sea gay y de que su activismo haya reivindicado el libre desarrollo de la personalidad en infancias, es suficiente para que un sector del rancio conservadurismo mexicano haya decidido inclusive enviar zalameras misivas al gobierno italiano o reivindicar las invectivas de antilopezobradoristas como Luz Elena Chávez.
La crítica ha sido reveladora, por ejemplo, en el caso de la excelentísima Martha Bárcena, diplomática de carrera muy reconocida y todo, quien dijo respetar a “la comunidad LGBTQ” pero su crítica a Lozano era por “su exhibicionismo”. Un aspecto lamentabilísimo de su forma de pensar pues lo que dicta su canon se inscribe en el anquilosamiento de la tolerancia, esa que se practica siempre y cuando prevalezca la discreción, la represión, el clóset.
Pero hay más. Genaro Lozano es un internacionalista graduado del ITAM y posgraduado politólogo en The New School for Social Research, en Nueva York. Basta conocerlo brevemente para advertir su bagaje a propósito de las artes, su refinamiento inclusive en el humor y una gentileza excepcional.
Se trata pues de una persona que tiene los atributos que muchos podrían reconocer en un vástago de la clase política priísta o panista, un tecnócrata con estudios en el extranjero, más próximo a la Marea Rosa que a la 4T. Pero resulta que este itamita que pasó algún tiempo en el Greenwich Village, con todo su refinamiento, se definió por un pensamiento progresista, social e igualitario que lo fue aproximando a la llamada 4T. Y eso no le gusta a la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.
Esa definiciones y posturas, las fijó como comunicador, como un intelectual que se fue abriendo espacio en medios de comunicación donde se decidieron por mantener mesas plurales; lo hizo argumentos razonados respecto a actos de gobierno o vida pública con habilidades notables para comunicar y no de manera acrítica.
Para un sector de las oposiciones, eso basta para calificarlo de propagandista; para otro sector oficialista que demanda sólo loas, docilidad y servilismo, eso basta para calificarlo de “tibio” o “progre buena ondita”.
A través de los años, el prestigio que solía atribuirse al cuerpo diplomático mexicano fue, en muy buena medida, una fama ganada porque los diplomáticos de carrera solían hablar de lo prestigiado que era México en el mundo por su diplomacia profesional, una manera de oponerse a que gran parte de la llamada “Ruta Revlon”, es decir, de las embajadas y consulados en países desarrollados, se reservaban a políticos para el retiro mientras que a los de carrera les daban la “Ruta Baygón”.
Despojando de la homofobia, el clasismo, la condición ideológica y el oportunismo político digital, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertir a Genaro Lozano en embajador en Italia, quizás deba verse más como el avance de una nueva generación diplomática que tiene méritos académicos, habilidades comunicacionales y definiciones sociales acordes a lo que el país prefiere en estos tiempos.
Extorsión oficial y proyectos fallidos
El discurso de transparencia y eficiencia que el gobierno de Nuevo León intenta proyectar se desvanece frente a la realidad. Desde su arribo al puesto, Miguel Ángel Flores, secretario general de Gobierno, no se ha cansado de asegurar que cada peso se invierte donde corresponde y que la movilidad y la seguridad avanzan. Empero, la experiencia de empresarios, ciudadanos y analistas dibuja otro escenario: proyectos cancelados, inseguridad en ascenso y una corrupción institucional que golpea incluso desde las propias dependencias estatales.
Las cifras lo confirman. En los primeros cinco meses de 2025, Nuevo León acumuló 4 mil 882 denuncias de extorsión, un promedio de 32 diarias y 1.3 víctimas cada hora, lo que coloca al estado en cuarto lugar nacional en este delito.
Y aunque las autoridades sostienen que buena parte de estos casos provienen de bandas que operan fuera de la entidad, lo cierto es que los empresarios apuntan a otro flanco igual de corrosivo: las presiones que provienen de oficinas públicas. Dependencias como la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL) e institutos de Movilidad y Accesibilidad, Medio Ambiente y Protección Civil han sido señaladas como actores de una extorsión “administrativa” que condiciona permisos, licitaciones y trámites a cambio de pagos irregulares.
En el caso de la SATNL, encabezada por Carlos Contreras Segovia, empresarios han denunciado cobros mensuales disfrazados de fiscalización. En Movilidad, de Hernán Villarreal Rodríguez, dos funcionarios fueron vinculados a proceso en 2024 por presuntas irregularidades en la licitación y entrega tardía de 800 camiones ecológicos, con un contrato superior a 2 mil 200 millones de pesos. Y en materia ambiental, empresas como Ternium e Iberdrola acumulan casos de contaminación sin sanciones locales, mientras que autoridades federales han revelado irregularidades graves que muestran omisión o tolerancia estatal.
Este clima de desconfianza mina la inversión. Aunque el estado cerró 2024 con 5,353 millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra se concentró en pocos sectores y no se tradujo en mejoras de infraestructura. Por el contrario, los proyectos estratégicos se acumulan en el limbo.
Ahorros seguros
Tranquilidad para los miles de ahorradores de la Sociedad Financiera Popular CAME, luego de que el gobierno mexicano confirmara que sus dineros están plenamente protegidos. La CNBV, bajo la dirección de Jesús De la Fuente y con el acompañamiento de Eugenio Laris, ha supervisado los procedimientos de revisión y devolución de recursos, asegurando transparencia y orden en el proceso. La coordinación con la Secretaría de Hacienda ha sido clave para garantizar que el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares cubra los depósitos de los clientes, brindando certidumbre a quienes confiaron sus ahorros a esta Sofipo.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha estado directamente involucrada en la atención a los afectados, acompañando los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias a esta labor conjunta, se envía un mensaje claro de confianza y estabilidad al sistema financiero popular, demostrando que los ahorros de millones de mexicanos están protegidos y que las autoridades tienen los mecanismos necesarios para actuar con eficacia ante situaciones que comprometen el patrimonio de los ciudadanos.
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