Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Hay una bomba que puede estallar en la capital del país y no precisamente por un tema de oposición política, sino por un conflicto incubado desde hace años en las entrañas del transporte concesionado de la capital. Un centenar de adultos mayores, ex transportistas convertidos en accionistas de Corredor Nueva Generación, mejor conocido como CONGESA, amenaza con bloquear Circuito Interior a la altura del AICM, a escasos días de iniciar el Mundial de la FIFA 2026, tras denunciar un presunto fraude financiero encabezado por José García Lagunas, quien se mantiene al frente del Consejo de Administración pese al creciente cúmulo de señalamientos.
Sin embargo, se sabe que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya tiene el tema en su escritorio y hará todo lo posible por resolver la injusticia y garantizar la seguridad del evento deportivo. El expediente es delicado porque toca una de las joyas discursivas de los gobiernos capitalinos, que es la transición del viejo microbús al modelo empresarial. CONGESA nació en 2010 bajo ese esquema impulsado por la administración capitalina para modernizar la Ruta 03. Arrancó operaciones con 104 unidades y una demanda diaria de 136 mil usuarios. Hoy apenas sobreviven 25 autobuses en circulación. Los socios acusan que las utilidades desaparecieron, que dejaron de recibir dividendos desde 2023 y que el negocio terminó convertido en una operación familiar de José García Lagunas.
El asunto ya escaló hasta la oficina del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto. La dependencia reconoce haber sostenido al menos cuatro reuniones con los inconformes a través del Organismo Regulador del Transporte, pero oficialmente se lava las manos argumentando que se trata de un conflicto entre particulares. Lo interesante es que, al mismo tiempo, la propia Semovi admite irregularidades operativas. Confirmó que CONGESA solicitó permisos para circular con 10 autobuses sin placas ni engomado y que dichos permisos nunca fueron autorizados. Es decir, la autoridad dice no poder intervenir en el pleito financiero, pero sí reconoce anomalías en la operación del corredor.
Hay además otro ángulo incómodo para la administración capitalina. La Semovi asegura desconocer el historial judicial de la empresa, pese a que en 2014 las instalaciones de CONGESA fueron aseguradas por la entonces PGR tras detectarse una toma clandestina de combustible y presuntos fraudes internos. Aun así, la concesión siguió viva. Más todavía: la propia dependencia admite que entre 2025 y 2026 realizó 17 operativos de revisión junto con el INVEA, que encabeza Jorge Salvador Esquinca, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Pablo Vázquez Camacho, derivado de múltiples denuncias ciudadanas por fallas mecánicas y unidades irregulares.
Lo verdaderamente explosivo es el componente social. Cerca de 30 accionistas originales ya murieron sin recuperar un peso y el resto son adultos mayores que, según las denuncias, han tenido que vender acciones a remate para comprar medicamentos. El modelo que en teoría debía dignificar al transportista terminó dejando a muchos en la indefensión. Y mientras José García Lagunas sigue controlando la operación de CONGESA, en el gobierno de Clara Brugada crece el temor de que este conflicto heredado estalle en uno de los puntos más sensibles de movilidad y seguridad nacional, que es nada menos que el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Escuelas que resisten
La Industria Mexicana de Coca-Cola encontró una manera inteligente de vincular el entusiasmo deportivo con una necesidad urgente del país. Mientras México se prepara para recibir la mayor fiesta del fútbol internacional, iniciativas como Escuelas con Agua buscan construir beneficios permanentes para miles de estudiantes. La instalación de la escuela número 1,000 representa un avance importante para Fundación Coca-Cola México y Coca-Cola FEMSA, que dirige Ian Craig, que apostaron por un modelo enfocado en captación pluvial y acceso sostenible al agua.
El proyecto alcanzó cifras relevantes. Más de 15 millones de litros de agua captada, casi 8 mil horas de capacitación y presencia en 29 estados muestran que el programa dejó de ser una acción aislada para convertirse en una política de impacto comunitario. Diversos estados forman parte de una red que hoy beneficia a más de 347 mil personas dentro de escuelas públicas.
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