Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Ya que se calmaron las aguas es buen momento para hablar de la acción militar de los Estados Unidos de Donald Trump sobre Venezuela, una operación que terminó con la captura del dictador venezolano de Nicolás Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y terrorismo.
Muchos se desgarraron las vestiduras por la intervención extranjera, señalando violaciones al derecho internacional y a la soberanía del país sudamericano, pero son los mismos que nunca se pronunciaron con la misma vehemencia por otras intervenciones que han marcado las últimas décadas, como la prolongada guerra de Rusia en Ucrania o la intervención de Arabia Saudita en Yemen que ha generado miles de muertos.
Hay que decir que, aunque no nos gustan las formas, especialmente porque los planes de Estados Unidos aún no son del todo claros y porque la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez, figura asociada al madurismo, quedó como presidenta encargada conforme a la constitución venezolana, y lo del petróleo parece no ser el único interés en juego y las ambigüedades en las motivaciones levantan dudas legítimas. La falta de una estrategia transparente para la transición política y social de Venezuela alimenta críticas incluso en círculos que apoyan la caída de Maduro.
Lo importante, sin embargo, es que cayó un dictador cuyo gobierno dejó consecuencias devastadoras para su pueblo durante más de una década, con una hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo, colapsó servicios públicos, disparó la emigración de millones de venezolanos y transformó a uno de los países con mayores reservas petroleras en un Estado en ruinas económicas y sociales.
Las cifras hablan por sí solas. La producción petrolera venezolana se desplomó de varios millones de barriles diarios a cifras muy inferiores, la escasez crónica de medicinas y alimentos empujó a la población a niveles de sufrimiento humanitario récord, y la migración forzada de ciudadanos venezolanos superó a la de muchas otras crisis contemporáneas.
La historia nos dice que estos gobiernos autoritarios generalmente caen por la presión internacional combinada con crisis internas profundas, y que a menudo la comunidad internacional actúa de manera selectiva frente a diferentes conflictos y abusos.
La percepción de doble rasero en política exterior alimenta resentimientos y debates, pero dejar de lado los hechos del sufrimiento prolongado en Venezuela sería negar la realidad.
La caída de Maduro, por duro que haya sido el procedimiento, podría abrir un espacio para reconstruir la vida política y económica de la sociedad venezolana.
Al final hay que decir que, aunque no nos gustan las formas, el fin justifica los medios, porque lo que está en juego es la vida de millones de personas que han soportado años de penurias sin un horizonte claro de cambio hasta que la intervención internacional alteró dramáticamente el status quo.
El derecho al agua
Llama la atención que la Suprema Corte haya decidido atraer el caso del suministro de agua en Ecatepec, que gobierna Azucena Cisneros.
El asunto, impulsado por la diputada Miriam Silva Mata, pone bajo revisión una práctica municipal polémica: limitar el servicio a alrededor de 50 litros diarios por persona, volumen que apenas alcanza para cubrir durante 24 horas actividades básicas como consumo, preparación de alimentos, higiene personal y limpieza del hogar.
La Corte no sólo analizará la legalidad del llamado “mínimo vital”, también ordenó frenar todas las resoluciones de tribunales locales mientras se emite una sentencia definitiva.
La votación para atraer el expediente contó con el respaldo de los ministros Lenia Batres, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías e Irving Espinosa. Lo que se resuelva impactará a más de 1.6 millones de habitantes y sentará criterios para otros municipios con esquemas similares.
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