Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
Twitter: @Arturo_Rdgz
La llamada “Ley Esposa”, rebautizada en San Luis Potosí como “Ley Ruth”, presentada como avance en derechos políticos de las mujeres, es en realidad una maniobra electoral diseñada desde el poder para administrar la sucesión y blindar proyectos familiares similares al poblano morenovallismo de 2018.
En San Luis Potosí, la reforma constitucional que obliga a los partidos a postular sólo mujeres a la gubernatura en 2027 fue aprobada en un entorno político de proyección pública a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, es decir, una reforma a la medida, aprobada por un Congreso alineado al Ejecutivo estatal.
Un debate similar se desarrolla en Nuevo León. Ahí, el Congreso local analiza la iniciativa conocida como “Ley Mariana”, alusiva a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García. Identificada con el expediente LXXVII-2025-EXP20259, fue presentada en septiembre por MC, el partido que llevó a Samuel al poder en 2021.
Gallardo lleva a cuestas una gestión polémica por el manejo discrecional de recursos y una seguridad pública inestable. García, por lo menos, ha sido acusado de un presunto crecimiento patrimonial poco transparente. Malos gobernadores que parecieran tratar de cubrirse la espalda encumbrando a sus respectivas cónyuges.
Así que, la idea de una sucesión conyugal, como en su tiempo lo hizo Moreno Valle, es la vía, destacadamente aunque con menos posibilidades de aprobación, en Nuevo León.
La novedad de la sucesión poblanca a lo de hoy es que en, los casos potosino y regiomontano, el elemento común es el uso del discurso de paridad como instrumento para reproducir élites políticas familiares.
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ha expresado críticas a estas reformas, aunque su trayectoria política encarna el mismo fenómeno que dice cuestionar. Su ascenso no puede entenderse al margen de la red familiar de poder, una contradicción que debilita cualquier intento de deslinde ético. Se critica al adversario, pero se tolera al aliado y se normaliza el privilegio propio. O sea, puras elites.
Fiscalizar no es gobernar
A pocos meses de la celebración del Mundial de la FIFA, empresarios acusan extorsiones fiscales en Nuevo León. Mientras el gobierno de Samuel García vende al estado como confiable para la inversión, se multiplican los cobros discrecionales, las multas selectivas y las inspecciones usadas como herramienta de presión.
Con la política ambiental encabezada por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, se persigue a industrias con operativos mediáticos, mientras la entidad tiene uno de los peores aires del país. El gobierno aprieta, cobra y amenaza, pero no resuelve. Y cuando el Estado confunde autoridad con abuso, y política pública con ocurrencia, el resultado no es orden ni desarrollo, es desconfianza.
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