Redacción El CoahuilenseCoahuila.- Más de 90 organizaciones de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se oponen al fracking en sus territorios, una técnica que consideran como una amenaza directa para el agua, el aire, el suelo y la salud pública del Noreste de México.
Articulados como Noreste Sin Fracking, este frente conformado por personas, comunidad y organizaciones de estos tres estados insistieron en las afectaciones de la extracción de gas mediante fractura hidráulica, aun cuando la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto discutir un fracking “sustentable”.
No obstante, las organizaciones sostienen que la evidencia internacional apunta a que no existe el fracking sustentable ya que consume enormes cantidades de agua, la contamina con químicos tóxicos, genera residuos peligrosos, afecta la salud de las personas y deja daños duraderos en los territorios.
Advirtieron que el gas extraído mediante fracking serviría para sostener y expandir a las grandes industrias que ya han sacrificado poblaciones enteras en el Noreste, en ciudades como Monclova, Monterrey y Reynosa, donde el deterioro de la salud, del agua y del aire se ha tratado como un costo aceptable del “desarrollo”.
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Y es que, observaron, mientras las ganancias se concentran en los corredores industriales, las comunidades rurales donde se ejecutaría el fracking quedarían obligadas a cargar con sus peores consecuencias, con cada vez menos condiciones para sostener sus formas de vida.
A través de un comunicado, demandaron que se prohíba el uso del fracking en cualquier parte de México, que se respete el derecho a la información, consulta y participación de las comunidades afectadas, conforme al Acuerdo de Escazú y que se garantice la protección del agua y de los ecosistemas del Noreste de México como prioridad frente a los intereses extractivos públicos y privados.
Además de que se abra una discusión pública y profunda sobre el modelo de desarrollo que se está impulsando en el país, y que se informe oportunamente a las comunidades y a la ciudadanía cuándo y cómo podrán participar y que se impulse un modelo de generación descentralizada de energía, coordinado por entidades público-comunitarias, como cooperativas de energía y barrios organizados, que asegure la producción, distribución y consumo de energía para el bien común.
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