AgenciaSaltillo, Coahuila.- La decisión judicial que vinculó a proceso a Esthela Guadalupe, señalada como la primera mujer en Coahuila acusada de violencia vicaria, ha motivado el rechazo unánime de 43 colectivas y organizaciones feministas en el país.
Los grupos consideran este hecho como un retroceso grave para los derechos humanos y el acceso a la justicia.
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Mediante un pronunciamiento público, las organizaciones hicieron un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando que el caso sea analizado con perspectiva de género y ética.
En el documento acusan al sistema judicial de incurrir en una “simulación” que conduce a la criminalización selectiva de mujeres.
Las colectivas enfatizaron que la violencia vicaria es una manifestación de violencia de género cuyo reconocimiento legal surgió de la lucha de madres contra un sistema patriarcal que utiliza a los hijos como instrumento de control.
“La violencia vicaria es una forma de violencia de género. Nació del testimonio y la lucha de madres a quienes el sistema patriarcal les arrebató a sus hijas e hijos como forma de castigo, control y dominación”, expresó la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria.
Agregaron: “Hoy, que una madre haya sido vinculada por violencia vicaria no solo es una aberración jurídica: es una distorsión peligrosa que nos deja en un estado de indefensión y vulnerabilidad absoluta”.
En su posicionamiento, las firmantes advierten que aplicar este concepto de manera neutral y descontextualizada traiciona su propósito original y genera un precedente alarmante.
“La violencia vicaria no puede usarse contra quienes la nombraron para sobrevivir. Hacerlo es vaciarla de contenido, es traicionar la lucha de las madres, es sembrar miedo y terror”, señala el texto.
La vinculación se produjo luego de una audiencia de seis horas. Johnny Robles, miembro del colectivo “Padres por la Verdad”, acusa a la madre de sus hijos de obstrucción parental, así como de violencia física y psicológica. El juez asignó un plazo de dos meses para la investigación del caso.
Las organizaciones denuncian que este proceso se da en un marco de desigualdad estructural y sin un análisis profundo por parte de las autoridades ministeriales de Coahuila, lo que, a su juicio, estigmatiza a mujeres que en muchos casos ya han sido previamente violentadas por el sistema.
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Con información de Vanguardia MX
