Redacción El CoahuilenseEspecialistas en salud, nutrición y regulación alimentaria coincidieron en que cualquier iniciativa que busque aplicar impuestos a bebidas con edulcorantes bajos o sin calorías debe apoyarse en evidencia científica y no en consideraciones políticas o percepciones sin sustento técnico.
El tema fue abordado durante una cena-diálogo con medios de comunicación en la que participaron Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador en diabetes y metabolismo; Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB); y Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA).
Durante el encuentro, los especialistas recordaron que los edulcorantes bajos o sin calorías cuentan con aval de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Estas instituciones han determinado que son seguros dentro de los límites recomendados y que pueden ser herramientas útiles para reducir el consumo de azúcar y calorías.
El doctor Laviada destacó la importancia de mantener una comunicación clara hacia la población. “Gravar los productos con edulcorantes podría enviar un mensaje confuso a la población, que los percibiría como dañinos pese a que la evidencia científica disponible no lo sustenta”, afirmó.
En su intervención, Miranda advirtió que un impuesto a las bebidas con edulcorantes podría desincentivar el desarrollo de opciones con menor aporte calórico. “Un nuevo impuesto afectaría la innovación en productos con menor contenido calórico, justo cuando la política pública debería incentivar alternativas más saludables”, señaló.
Por su parte, Rodríguez hizo hincapié en la necesidad de diseñar políticas públicas sustentadas en datos verificables. Subrayó que “más que impuestos, se requieren campañas de educación nutricional, políticas basadas en datos y diálogo técnico entre industria, autoridades y comunidad científica para diseñar regulaciones proporcionales y efectivas”.
La representante de la ISA, Laura Miranda, añadió que cualquier medida fiscal debe considerar su repercusión económica.
“Si los legisladores quieren construir políticas públicas efectivas, deben hacerlo con base en la ciencia, no en suposiciones. Un impuesto a las bebidas con edulcorantes no solo afectaría al consumidor final, sino que podría trasladar costos a toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores y sectores agrícolas que dependen de estas formulaciones”, sostuvo.
El diálogo se desarrolló en un momento en que el Congreso revisa posibles ajustes fiscales a bebidas con edulcorantes dentro de un paquete de medidas para enfrentar la obesidad y fortalecer los ingresos públicos.
Los especialistas coincidieron en que las decisiones deben ser equilibradas, proporcionales y sustentadas en evidencia científica sólida, con el fin de garantizar su efectividad sin generar impactos negativos en la salud pública ni en la economía del sector.
