Redacción El CoahuilensePor Daniel Cortinas
Saltillo, Coahuila.- Una comisión del grupo Magisterio en acción por la Seguridad Social (MASSS 38), integrante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, se presentó este jueves frente al Palacio del Congreso del Estado para ratificar su solicitud de investigación sobre la venta de un terreno adscrito al Seguro del Maestro en la ciudad de Torreón, operación que fue dada a conocer por El Coahuilense Noticias.
“Si no es por la prensa, ni nos enteramos”, señaló Gustavo García Torres, integrante del colectivo, quien subrayó que los agremiados tuvieron conocimiento de la operación a través de reportajes publicados por este medio y no por ninguna notificación o consulta por parte de la dirigencia sindical.
El terreno en cuestión se trata de un centro recreativo de la Sección 38 ubicado sobre el bulevar Francisco Sarabia, vendido por el Seguro del Maestro en 18 millones de pesos, pese a que su valor comercial supera los 174 millones de pesos. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración del Seguro del Maestro, encabezado por Eduardo Botello, junto con la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano.
En el documento presentado ante la Oficialía Mayor del Congreso desde el lunes, el MASSS 38 solicita a los legisladores dos acciones concretas: que la solicitud sea turnada a las comisiones legislativas competentes para su análisis, y que el Congreso disponga lo necesario para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una revisión específica de la operación.
Los aspectos que proponen investigar son la legalidad de la enajenación, la participación o conocimiento de los representantes del gobierno del Estado en el Consejo de Administración del Seguro del Maestro, la existencia de avalúos y dictámenes técnicos que justifiquen el precio de venta, y el destino final de los 18 millones de pesos obtenidos.
García Torres fue enfático en que el colectivo no formula acusaciones de corrupción, sino que señala irregularidades que deben ser esclarecidas por las instancias competentes: “No estamos acusando de que haya alguna situación de corrupción, sino que hay irregularidades en la operación”, precisó.
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El representante del magisterio recordó que el Seguro del Maestro tiene una función específica establecida en la ley: administrar los recursos aportados por los trabajadores y el gobierno del Estado para el pago de pólizas de retiro, seguro de vida y defunción. Construir viviendas, argumento esgrimido por Licerio Luévano para justificar la venta, no forma parte de su objeto social.
“Su función no es andar viendo si va a construir viviendas o no”, señaló Gustavo García, quien además destacó que la operación se realizó sin consultar a los aproximadamente 20 mil agremiados activos y jubilados que conforman la Sección 38. “Se debió consensuar con los trabajadores mismos, consultar, conocer la opinión de los propios trabajadores. No hubo tal”, afirmó.
García Torres también señaló que las irregularidades en el manejo del patrimonio magisterial no son recientes. Existen al menos 16 denuncias acumuladas desde 2012 que permanecen sin resolución, a las que se suman las observaciones que la ASE ha emitido año con año sobre el Seguro del Maestro y el Fondo de Vivienda. “Total opacidad”, resumió al describir el manejo de estas instituciones.
Tras ser recibidos por la diputada presidenta de la Junta de Gobierno, Beatriz Fraustro, el colectivo obtuvo como respuesta que el documento ya había sido recibido y que se buscaría un acuerdo con la Junta de Gobierno para dar lectura al escrito durante la sesión plenaria, dado que regularmente se dispensa a la lectura de la correspondencia.
La presencia del colectivo coincidió con el señalamiento de declaraciones previas del titular del Seguro del Maestro, Eduardo Botello, quien reconoció públicamente que la propiedad nunca fue escriturada a nombre del Seguro del Maestro porque hacerlo “cuesta mucho dinero” y porque registrar el ingreso de los 18 millones en el Sistema de Información Financiera habría sido detectado por la ASE.
Ante esos hechos, el diputado Jorge Valdes, también presente en la reunión, calificó la conducta de Botello como una “evasión fiscal declarada”.
El colectivo descartó que su presencia en el Congreso tuviera motivaciones políticas o vinculación con grupos que buscan la dirigencia del sindicato: “Nosotros participamos en un movimiento que tiene más de 20 años por la defensa de la seguridad social. Nosotros no nos hemos metido a la rebatiña por el poder”, concluyó Gustavo García Torres.
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