El gobierno federal mantuvo su propuesta de instalar una mesa técnica con representantes ejidales de Chilapa, Guerrero, con el propósito de construir acuerdos que permitan recuperar la estabilidad social y jurídica en la región de la Montaña Baja. Entre los compromisos previstos destacan vigilancia permanente, atención institucional e inversión en infraestructura básica para las comunidades afectadas por la violencia.
En paralelo, autoridades federales confirmaron el regreso de familias desplazadas a sus comunidades luego del retiro de los bloqueos instalados en Alcozacán. La protesta surgió tras las agresiones y amenazas atribuidas a grupos armados contra poblaciones indígenas de la zona.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Gobierno de México reactivó bases de operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en los accesos y centros poblacionales de Chilapa. Los patrullajes buscan contener nuevos actos violentos y garantizar condiciones de seguridad para los habitantes.
Además del despliegue de fuerzas federales, las autoridades habilitaron una ruta de tránsito para asegurar el abasto de alimentos y servicios médicos. Personal de salud federal y estatal ofrece consultas y medicamentos a las familias que retornaron, mientras brigadas de Protección Civil distribuyen despensas y agua potable. El apoyo gubernamental también contempla la reposición de documentos oficiales perdidos durante el desplazamiento.
“Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló anteriormente la titular de Segob en redes sociales.
La intervención federal cuenta además con el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que supervisa que el retorno de las familias ocurra bajo condiciones de seguridad y dignidad. De acuerdo con autoridades federales, la vigilancia en la zona permanecerá por tiempo indefinido para evitar nuevos bloqueos y consolidar los acuerdos alcanzados con las comunidades.





