Redacción El CoahuilensePOR CEDIL
En Coahuila el acoso sexual sigue siendo uno de los delitos que persisten dentro de la entidad y la sociedad. El estado había arrancado el 2026 dentro del top 5 estados con más víctimas por acoso sexual, visibilizando una problematica y un reto necesario de atender durante este año.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hoy Coahuila se posiciona como el quinto estado con más carpetas de investigación por acoso sexual, con 233 registros para mayo del 2026. Por otro lado, Saltillo registra 84 carpetas por este mismo delito, lo que lo ubica como el séptimo municipio a nivel nacional con mayor índice de acoso sexual.
La posición que ocupan tanto Saltillo como Coahuila en este tipo de delito cuartea la fachada de percepción de seguridad que se tiene sobre Coahuila. Aunque delitos como el robo, homicidio o secuestro se mantienen bajos, el acoso sexual es una de las formas más frecuentes de violencia de género y una problematica social grave que afecta principalmente a mujeres.
Aunque las estadísticas reflejan únicamente los casos que llegan al conocimiento de las autoridades, los números permiten dimensionar un problema que suele permanecer oculto. El acoso sexual puede ocurrir en calles, centros de trabajo y espacios digitales, generando afectaciones que van desde el miedo y la incomodidad hasta cambios en las rutinas cotidianas y restricciones en la movilidad de quienes resultan víctimas.
Sin embargo, las carpetas de investigación representan solo una parte de la realidad. Datos del INEGI muestran que durante 2024 la cifra oculta en Coahuila alcanzó el 90.7%, es decir, más de nueve de cada diez delitos no derivaron en una investigación formal.
Este contexto resulta relevante al analizar delitos como el acoso sexual, donde las víctimas suelen enfrentar obstáculos adicionales para denunciar. A todo esto se le suma una desconfianza persistente hacia las instituciones públicas, el INEGI también señala que ninguna instancia gubernamental o de justicia supera el 60% de confianza ciudadana, lo que evidencia los retos que aún existen para fortalecer la relación entre la población y las autoridades.
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