Redacción El CoahuilenseLa Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que investiga la licitación LA-06-400-006400001-N-19-2025, relacionada con el suministro de vales electrónicos de despensa como prestación de fin de año para el ejercicio fiscal 2025.
La indagatoria se inició luego de que una de las empresas participantes presentara un procedimiento de inconformidad por presuntas irregularidades en el proceso. De acuerdo con la dependencia, la inconformidad fue interpuesta por Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V., al señalar que Broxel no habría registrado los precios unitarios en su propuesta económica.
La licitación fue realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 28 de noviembre. El contrato contempla la atención de 206 instituciones de la Administración Pública Federal, con una vigencia del 8 al 31 de diciembre de 2025, y un monto que oscila entre 7 mil 345 millones y 10 mil 338 millones de pesos.
La Secretaría Anticorrupción precisó que el procedimiento de inconformidad es un mecanismo legal previsto en la normatividad de contrataciones públicas, mediante el cual los participantes pueden señalar posibles irregularidades, mismas que se resuelven conforme a los plazos y etapas establecidos en la ley.
Asimismo, el pasado 23 de diciembre, durante la conferencia matutina, se dio a conocer que Broxel habría señalado que la bonificación total establecida en el fallo, del 5.76%, no era viable como esquema de negocio, y que únicamente podría aplicar el 3.01% propuesto originalmente, lo que generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las condiciones aprobadas en la licitación.
Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informar sobre el estado de la revisión del proceso y las determinaciones correspondientes.
En paralelo, se registraron denuncias y protestas de trabajadores del gobierno federal, quienes advirtieron posibles riesgos en los plazos para la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2 mil 200 puntos del país, así como dudas sobre el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.
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