Por Daniel Cortinas
Pese a que Coahuila es el estado con menos homicidios dolosos per cápita del país y uno de los tres con menor incidencia delictiva, sus centros penitenciarios no tienen capacidad para albergar a las personas que de manera preventiva o definitiva han recibido una sanción de pérdida de libertad.
El estado cuenta con siete reclusorios cuya capacidad conjunta es de tres mil 915 espacios. Sin embargo, son insuficientes para recluir a una población carcelaria de cinco mil 847 personas; es decir, las prisiones de la entidad enfrentan una sobrepoblación de mil 932 internos, según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
Esa cifra coloca a Coahuila en el décimo lugar nacional en niveles de sobrepoblación. Entidades como el Estado de México, Sonora, Durango, Chiapas, Morelos y Nayarit ocupan los primeros sitios, con más de dos mil personas que exceden las capacidades de las cárceles.
Hasta octubre de 2025 la población privada de la libertad en México ascendía a 255 mil 190 personas, de las cuales 239 mil 462 son hombres y 15 mil 728 son mujeres. El aumento respecto del año anterior es significativo, pues en 2024 se registraban 235 mil 461 reclusos.
A escala nacional los ingresos durante octubre fueron de 16 mil 551, mientras que los egresos alcanzaron los 15 mil 470 personas. Con una capacidad instalada de 226 mil 739 espacios en los 276 centros penitenciarios del país, la sobrepoblación nacional se excede por más de 28 mil espacios, con 138 centros operando por encima de su capacidad.
Los datos por centro confirman que la presión se concentra en ciudades grandes y en zonas fronterizas, características también presentes en Coahuila.
El Centro Penitenciario Varonil de Torreón, con capacidad para mil dos espacios, tiene una sobrepoblación de 395 personas; el de Piedras Negras, con 829 espacios, presenta 713 personas por encima de su capacidad; el varonil de Saltillo, diseñado para mil 70 espacios, supera esa cifra por 493 internos; mientras que los centros femeniles de Saltillo, Piedras Negras y San Pedro reportan sobrepoblaciones de 18, 19 y 36 personas, respectivamente, pese a su menor tamaño.
El único reclusorio con capacidad disponible es el Centro Penitenciario Varonil de Monclova, con 750 espacios y poco más de cien internos por debajo de su límite, resultado de su reciente apertura en diciembre de 2023.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, durante octubre ingresaron 745 hombres y 53 mujeres a alguna de las siete cárceles de Coahuila, y egresaron 822 personas. A finales de mes la población total ascendió a cinco mil 847.
Traslados de internos
Para Fernando Robledo, director de Prevención y Reinserción del Estado, el crecimiento de la población privada de la libertad es una tendencia nacional que también se refleja en los centros federales.
Según refiere Robledo, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario permite comparar las cifras entre entidades y confirma que los estados del centro y sur del país presentan incrementos similares. Coahuila, agrega, se ha convertido en una entidad con alta actividad de investigación e inteligencia por parte de sus corporaciones de seguridad, lo que ha incrementado la puesta a disposición de detenidos ante las autoridades competentes, particularmente por delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada.
Para Fernando Robledo, una parte fundamental de la estrategia estatal ha sido la despresurización mediante traslados de internos hacia centros con mayor disponibilidad, lo cual fue posible con el nuevo penal varonil de Monclova. Informa que desde que éste inició operaciones, el 15 de diciembre de 2023, se han realizado más de 800 traslados desde Saltillo y Piedras Negras. Esta medida, asegura, también permitió que los internos se encuentren más cerca de sus familias.
Además, señala que alrededor de 50 personas han sido trasladadas a centros federales por requerir medidas especiales de seguridad.
El funcionario subraya que Coahuila lleva diez años sin registrar riñas o motines graves, lo que atribuye al fortalecimiento de los ejes de reinserción social, especialmente en educación y capacitación laboral. Explica que las mujeres internas cuentan con 19 opciones de licenciaturas y que se prevé la expansión del programa para los varones.
Asegura que la terapia ocupacional, la enseñanza de oficios y la continuidad educativa han permitido mantener la estabilidad interna en los penales. “No es lo mismo que un juez te sentencie diez años y tú no tengas actividades dentro de un centro penitenciario, a que esos diez años los ocupes de manera efectiva”, afirma.
Operativos penitenciarios
Robledo explica que en Coahuila se realizan operativos aleatorios de inspección en las cárceles. Afirma que este esquema es único en el país y que los operativos son coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales.
Detalla que desde diciembre de 2023 se han hecho más de dos mil 300 operativos de la Policía Penitenciaria y poco más de 200 operativos coordinados con fuerzas estatales y federales. Según Robledo, esta coordinación interinstitucional permite que cualquier autoridad pueda ingresar a los centros para constatar las condiciones reales en las prisiones y realizar ajustes semanales en las mesas de seguridad.
Sin embargo, los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2024, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contrastan con la posición oficial. La calificación estatal otorgada a Coahuila fue de 5.86. El Centro Penitenciario Varonil de Saltillo obtuvo 6.11, el Femenil de Saltillo 6.50, el Femenil de Piedras Negras 6.08 y el Varonil de Monclova 4.75.
Entre las principales deficiencias registradas se encuentran problemas en la atención a personas en aislamiento, insuficiencias en servicios de salud, sobrepoblación, deficiencias en programas de prevención de incidentes violentos, falta de vías accesibles para remitir quejas, problemas de higiene y alimentación, deficiencia en la clasificación de internos, falta de personal de custodia, insuficiencia de actividades educativas y deportivas, además de fallas en los procedimientos disciplinarios y en la integración de expedientes técnico-jurídicos.
Pese a lo reportado por la CNDH, Fernando Robledo asegura que en Coahuila no existe hacinamiento grave y que las condiciones de vida no se han visto afectadas por la sobrepoblación.
“Hasta el momento no tenemos un problema que requiera de mayor atención”, afirma.
Dice que recientemente se instaló la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social, que integra a todas las secretarías estatales para ampliar los programas dirigidos a las personas privadas de la libertad y sus familias. También menciona el lanzamiento de una nueva academia de la Policía Penitenciaria para incrementar la capacidad institucional.
A decir de Robledo, las prioridades inmediatas del sistema penitenciario de Coahuila son mantener los estándares de seguridad, sostener los operativos aleatorios dentro de las cárceles y seguir trabajando en los beneficios preliberacionales coordinados con el Poder Judicial estatal, con el objetivo de que los privados de la libertad y sus familias se sientan seguros.
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