Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En México, los conflictos empresariales no siempre se resuelven en la mesa del Consejo ni en los tribunales mercantiles. A veces, el derecho penal se convierte en un instrumento de presión y represalia. El caso que hoy sacude a la histórica marca de artículos escolares BACO, fundada en 1960, es un ejemplo alarmante.
John y Karin Urich Sass, herederos de la empresa, acusan a su hermano y presidente del Consejo de Administración, Edgar Herrmann Urich Sass, de apropiarse del nombre comercial de BACO por un precio irrisorio y de operar un entramado de “empresas espejo” para beneficiarse económicamente.
Las denuncias están respaldadas, según ellos, por documentos y peritajes que señalan un valor millonario de la marca. Pero en vez de que esas acusaciones sigan su cauce natural de investigación, la historia tomó un giro inquietante. Edgar contraatacó con denuncias penales por fraude procesal contra quienes lo señalaron y hoy al menos uno de ellos duerme en la cárcel.
El esquema consistió, según los denunciantes, en la creación o control de sociedades con el mismo objeto social y giro que BACO, dedicadas a la fabricación y comercialización de artículos escolares y de oficina. Entre las más relevantes se encuentran TI, S.A. de C.V., 5,7,6, S.A. de C.V. y DESARROLLOS DESCOMAD, S.A. de C.V., todas vinculadas a Edgar como socio mayoritario. Desde ahí, se habrían realizado operaciones que replicaban las actividades de la compañía original, desviando recursos y aprovechando el prestigio de la marca.
El caso más notorio fue el de DESARROLLOS DESCOMAD, que entre 2020 y 2023 recibió pagos por 4.9 millones de dólares de la propia BACO S.A., por el uso de marcas registradas a nombre de Edgar, sin contratos aprobados por el resto de los accionistas. Los montos, según las acusaciones, eran fijados de manera unilateral por el propio presidente del Consejo de Administración, sin consulta ni autorización de sus hermanos, lo que habría generado un flujo millonario hacia empresas bajo su control personal.
La orden de aprehensión librada contra John y Karin, girada por el juez Héctor Fernando Rojas Pacheco, del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por un delito que no amerita prisión preventiva y sin indicios de riesgo de fuga, plantea una serie de interrogantes sobre el uso discrecional de las herramientas judiciales. La orden fue derivada de la carpeta de investigación CI-FIEAE/C/UI-1 C/D/00352/10-2024, con el argumento de que intentó “inducir al error” al Ministerio Público al denunciar las irregularidades en la administración de Edgar. Más que esclarecer la verdad, nos cuentan los cercanos a este escándalo, el proceso parece orientado a silenciar y castigar a quienes denuncian.
Si la justicia se emplea para intimidar a los denunciantes y blindar a los señalados, el daño trasciende cualquier pleito familiar o empresarial: mina la confianza en las instituciones y consolida la idea de que, en México, el poder económico y las relaciones pueden doblar las reglas.
Un sistema que permite que el acusado se convierta en perseguidor no solo falla en su función esencial, sino que también envía el peligroso mensaje de que denunciar irregularidades puede salir más caro que callar, que aguantarse.
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