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Ciudad de México.- La desaparición de María Ángela en el paradero de Indios Verdes y su localización posterior en el Estado de México no es un caso fortuito, forma parte de un sistema de impunidad y negligencia que va desde la desatención a los Centros de transferencia modal (Cetram) hasta la negación de la ola de inseguridad que permea en la capital del país y que afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas.
Fue el 19 de enero cuando se dio a conocer la desaparición de María Ángela, a plena luz del día y con decenas de personas transitando en el paradero. El 21 de enero fue localizada con vida en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; sin embargo, al día de hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha dado a conocer un avance en la investigación para dar con el o los presuntos responsables de la privación de la libertad de Ángela.
María Ángela señaló que junto a ella, otras mujeres estaban privadas de su libertad
El vocero general de la FGJCDMX, Ulises Lara López, expresó que en el paradero de Indios Verdes no opera una red que prive de la libertad a las mujeres. Invisibilizando así el contexto de violencia en que vive este sector de la población día a día.
“Que la ciudadanía no preste atención a rumores sobre la presencia de una banda o grupo delictivo que opera en la zona con ese modus operandi”, señaló Lara López en un mensaje a medios de comunicación.
Sin embargo, lo que Ángela dijo a policías de tránsito de Nezahualcóyotl que la auxiliaron, pone en evidencia que su desaparición pudo haber estado relacionada con la comisión de otro delito y que, sobre todo, no es la única víctima de un sistema que, de 2018 a la actualidad, no logró impedir la desaparición de mil 317 mujeres, siendo de 15 a 19 años las principales víctimas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO).
Y es que Ángela -de 16 años- indicó que los días que fue privada de su libertad permaneció en un cuarto oscuro, mismo que compartió con una niña de 11 años y otra jóven mayor de edad.
Al respecto, Omaira Ochoa Mercado, defensora de derechos humanos integrante de la organización Justicia Pro Persona y del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, recuerda que la capital del país “es una entidad federativa de captación, destino y tránsito en el tema de trata de personas”.
En entrevista con Cimacnoticias, Ochoa Mercado detalló que en la CDMX las mujeres son privadas de su libertad, las mantienen cautivas y también son traídas provenientes de otros estados de la República, “aquí permanecen un tiempo para luego ser trasladadas”, explicó.
Y aunque la trata de personas no es el único fin de la desaparición de niñas y mujeres, la defensora reiteró como importante considerar que la CDMX forma parte de la ruta de tráfico de mujeres en el país, para de esta forma entender lo que pudo haber ocurrido con Ángela y las mujeres que se encontraban privadas de la libertad junto a ella.
Cabe destacar que tan solo en 2022, la Ciudad de México ocupó el segundo lugar a nivel nacional al hablar de mujeres víctimas de trata de personas con 111 casos, detrás del Estado de México, que registró 195 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Paraderos de transporte público, tierra de nadie
Tras la desaparición de Ángela, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no emitió postura alguna, aún cuando los Centros de transferencia modal (Cetram) son su responsabilidad. Entonces ¿quién se encarga de la seguridad en estos espacios?
La Guardia Nacional (GN) no se encuentra en los paraderos luego de que recientemente fue integrada al interior del Metro para supuestas labores de seguridad; también es posible observar poca presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en dichos espacios.
Lo anterior pone en evidencia que el transporte público y en específico los paraderos como Indios Verdes, Pantitlán, Cuatro Caminos, Tasqueña y Observatorio, aún con la gran afluencia de pasajeras y pasajeros que tienen, son espacios olvidados por el gobierno de la Ciudad de México.
“Hay zonas de la ciudad que por décadas han sido consideradas problemáticas en materia de seguridad, entre estos se encuentran los paraderos. Han estado abandonados, no se ha invertido de manera adecuada recursos para optimizarlos. De vez en cuando se les da mantenimiento, se les ponen farolas, se pintan, pero no hay una política de ordenamiento de estos espacios acorde a las necesidades de seguridad de las mujeres, son espacios propicios para la comisión de delitos”, expresó Omaira Ochoa Mercado.
La defensora señala que en los paraderos de transporte público es posible identificar la presencia de grupos que se organizan para perpetrar diversos delitos, los cuales en la mayoría de las ocasiones son bien conocidos por choferes, operadores de ruta, comerciantes e incluso por el personal de seguridad asignado a la zona.
“En los paraderos operan redes de secuestro, extorsión o incluso robo a transeúntes. Las personas lo saben, esto no habla de que hay gente involucrada, pero también nos dice que la gente no brinda auxilio a las mujeres porque su seguridad no está garantizada”.
Falta de reconocimiento de las problemáticas: principal elemento generador de violencia
Para Omaira Ochoa, el primer paso que debe dar el gobierno de la Ciudad de México es reconocer que uno de los factores que propician el incremento de inseguridad -y por ende los casos de desaparición de mujeres y niñas- es la presencia de la delincuencia organizada en la capital del país.
“Esas mismas redes de delincuencia organizada no solo se dedican a narcóticos, son las mismas redes que tratan y trafican con personas. Los tres negocios más redituables ilegales en el mundo: comercio de drogas, de armas y de personas, los llevan a cabo las mismas redes de delincuencia organizada. Si no consideramos esas problemáticas, entonces nuestra política de combatir a la inseguridad va a estar incompleta”, expresó.
Otro punto que debe reconocerse son las formas de privar de la libertad a las mujeres que recientemente se han reportado, las cuales se enfocan en sedarlas o drogarlas para de esta forma inmovilizarlas y dejarlas en total vulnerabilidad.
“Ahora no tenemos la opción de defendernos, porque nos cedan. Es una situación grave, las políticas de seguridad deberían considerar estas nuevas formas de privar de su libertad a las mujeres”.
Finalmente, la integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, señaló como urgente atender con perspectiva de género el tema de desapariciones en la capital del país, ya que, de no hacerse, podría derivar en una crisis como las que se viven en otros estados.
Por ello, entre las acciones que propone Omaria Ochoa se encuentran:
- El desarrollo de acciones interestatales con las entidades federativas que están cercanas a la CDMX, tales como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Edomex.
- Asignación de recursos y personal a las instancias que se dedican a buscar a niñas y mujeres desaparecidas
- Erradicación de prácticas que ponen en peligro la vida de las personas desaparecidas, ya que actualmente la Fiscalía de la CDMX sigue demostrando falta de capacitación al pedir a las familias que esperen 72 horas para iniciar una denuncia, tampoco salen a realizar búsquedas a campo ni entrevistan de forma inmediata al círculo cercano de la víctima.
- “Generar un Plan Estatal en Materia de Desapariciones que considere acciones de prevención, las cuales son complejas porque una prevención de desapariciones está vinculada con garantizar la seguridad ciudadana de las personas que habitamos y transitamos en la ciudad”.
“Es un efecto bola de nieve, si no se atienden de manera adecuada las desapariciones en nuestro país con perspectiva de género entonces no va a servir de nada una política pública en materia de seguridad. El gobierno envía un mensaje de que no hay preocupación real por lo que ocurre, no hay consideración de que existe una problemática y nos están dejando en total vulnerabilidad a las mujeres”, sentenció Omaira Ochoa.
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