Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
La polaroid más reciente sobre la trata de personas en México se oculta debajo de una alfombra. Hay más operativos y víctimas detectadas, pero menos condenas firmes, mientras el crimen organizado perfecciona un negocio que mezcla explotación sexual, trabajos forzados, secuestro, extorsión y reclutamiento de niños. Así lo documenta el Informe 2025 sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de EU.
México se mantiene en el Nivel 2 —hace esfuerzos, pero no cumple los estándares mínimos— y no adoptó un nuevo plan nacional para este año.
Los números cuentan una historia incómoda para el gobierno humanista, de los abrazos, no balazos. En 2024 se abrieron 661 investigaciones y se procesó a 162 presuntos tratantes, más que un año antes; pero las condenas cayeron a 98, casi la mitad de las 182 de 2023.
El Estado de México, encabezado por la maestra Delfina Gómez, que en 2023 lideró pesquisas, no reportó investigaciones. La mezcla es elocuente: más ruido institucional, menos resultados reales.
Chihuahua logró su primera sentencia por trabajo forzoso (10 años de prisión y una reparación simbólica de poco menos de 60 mil pesos), mientras Tlaxcala obtuvo 33 años contra un policía cómplice de trata. Guerrero volvió a no conseguir ninguna condena. El mapa elaborado por los del norte deja ver islas de procuración de justicia en medio de territorios sin castigo.
Las víctimas crecen, pero la protección no alcanza. Las autoridades identificaron 860 víctimas en 2024 —frente a 467 en 2023—, aunque disminuyó drásticamente la detección de casos de trabajo forzoso y persistieron fallas en los filtros para migrantes, niñas, niños y adolescentes.
El informe dibuja cómo los cárteles y sus socios convierten a la trata en un engranaje de la economía criminal: reclutan a menores para delitos; secuestran migrantes para extorsionar familias y endeudar víctimas; usan centros de llamadas clandestinos —documentados en Jalisco— para estafas de “timeshare” con trabajadores captados bajo engaño y sometidos con amenazas.
En Chiapas, los choques entre organizaciones han desplazado comunidades, ampliando el mercado de la explotación. La desaparición de mujeres se entrelaza con la trata, según legisladores y especialistas citados en el reporte.
El Estado llega tarde al trabajo forzoso. Con solo 510 inspectores laborales y avisos de 24 horas antes de inspecciones, la fiscalización es predecible, dicen los de EU.
La figura del “enganchador” —reclutadores informales que cobran cuotas y endeudan a jornaleros— opera con impunidad, especialmente en el campo. Resultado: en 2024 sólo cuatro víctimas fueron identificadas por inspección laboral.
El reporte insiste: quienes cruzan México —incluidos menores no acompañados— quedan a merced de coyotes y cárteles que los secuestra-explotan para saldar deudas ficticias. La extorsión se recicla en esclavitud por deudas. En paralelo, el gobierno multiplicó la contratación de trabajadores cubanos (de 800 a tres mil 650) y paga al régimen directamente; hay indicios de trabajo forzoso por confiscación de salarios y restricciones de movimiento, dice EU.
La trata prospera cuando el Estado llega tarde, o llega corrupto.
El mismo informe recomienda investigar y sancionar con penas efectivas a tratantes y funcionarios cómplices, incrementar servicios, blindar a niñas y niños frente al reclutamiento criminal, desmantelar a los enganchadores y prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso. No es una lista de un mundo ideal: es la línea roja entre un país que reacciona y otro que normaliza la violencia.
