AgenciaSaltillo, Coahuila.- La investigación iniciada por la venta de réplicas de relojes de alta gama a empresarios de Saltillo abrió una nueva línea de indagatoria en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que analiza la posible operación de una red de trata de mujeres con base en Monterrey.
Durante los interrogatorios a la presunta responsable del fraude, las autoridades detectaron inconsistencias entre el nivel de vida que reportó y su capacidad económica real. Además, la mujer no logró comprobar la procedencia de los relojes que ofrecía como piezas exclusivas a empresarios de alto poder adquisitivo.
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Según la investigación, la sospechosa establecía contacto con posibles compradores en un gimnasio ubicado al norte de Saltillo, donde ofrecía relojes de supuesta alta gama como oportunidades únicas de compra.
Las diligencias incluyeron la revisión de cámaras de videovigilancia, lo que permitió una identificación parcial de al menos dos personas que podrían estar vinculadas con la operación del esquema, así como de un vehículo de lujo que se desplaza con frecuencia entre Monterrey y Saltillo.
“Creemos que este caso está relacionado con una célula delictiva que se dedica a la trata de mujeres, la cual opera desde hace varios meses en la ciudad de Monterrey y en su zona metropolitana con un modus operandi que emplea mujeres jóvenes que se encargan de contactar a clientes potenciales para ofrecerles relojes de alta gama como ‘de oportunidad única’, pero en realidad se trata de una elaborada historia para cometer fraude y extorsión”, informó uno de los agentes involucrados en la investigación.
La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación contra Verónica “N”, quien podría estar vinculada con un grupo delictivo con presencia en Nuevo León y en el que también se menciona la participación de dos extranjeros, uno de Colombia y otro de Venezuela.
Otra línea del caso apunta a presuntos actos de extorsión en centros de masajes, donde algunas empleadas amenazan a clientes con denuncias por delitos sexuales para exigir dinero; quienes se niegan a pagar enfrentan acusaciones por abuso sexual, acoso o violación, según la información recabada por las autoridades.
Con información de El Diario de Coahuila
