Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En Puebla se está jugando, en silencio, una de las historias más reveladoras sobre cómo se captura un Poder Judicial. No ocurre en la Corte ni en los grandes tribunales federales, sino en el Consejo de la Judicatura del estado. Ahí aparece un nombre que se repite en pasillos, chats y reuniones: Pedro Antonio Martínez Hernández. Joven abogado, con ascenso meteórico. Y una pregunta que nadie en el poder quiere responder con seriedad: ¿cumple con la Constitución para ocupar el cargo que hoy ejerce?
Oficialmente, Martínez Hernández fue designado en diciembre de 2024 como subsecretario de Control y Auditoría, vinculado al discurso de anticorrupción del nuevo gobierno. Meses después, su nombre saltó al Poder Judicial. Primero como secretario de acuerdos en funciones de magistrado de la Primera Sala Civil, luego como consejero de la Judicatura, tras la salida de la consejera María Guadalupe Pérez Muñoz. El nombramiento fue aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y notificado al Congreso, y el propio Poder Judicial se encargó de difundir imágenes del nuevo consejero recorriendo juzgados y hablando de “fortalecer la justicia” en Puebla.
Hasta ahí, la versión oficial. El problema aparece cuando se confronta esa historia con la letra de la Constitución local y con la cronología política que lo acompaña.
La reforma judicial publicada el 15 de marzo de 2025 en el Periódico Oficial del Estado incluyó un artículo transitorio clave: mientras se instala el nuevo modelo y se realice el proceso de elección en 2027, los nombramientos de magistrados, jueces e integrantes del Consejo de la Judicatura deben hacerse conforme a las disposiciones que se reforman, es decir, con los requisitos previos todavía vigentes.
Ese marco exigía algo muy simple de verificar: mínimo 35 años de edad y 10 años de ejercicio profesional del derecho para sentarse en el Consejo de la Judicatura. No es una recomendación ética ni un adorno jurídico: es una barrera pensada para evitar que un operador político en ascenso convierta la justicia en oficina de control de daños. Ahí es donde el expediente público de Martínez Hernández no cuadra.
Columnas de La Jornada de Oriente han documentado que el nuevo consejero tiene alrededor de 29 años, sin carrera en el Poder Judicial ni experiencia en la operación del propio Consejo, pero con algo más valioso en la política poblana: cercanía con Morena y fama de operador eficaz.
Es decir, el perfil opuesto al espíritu de los requisitos constitucionales: menos trayectoria jurisdiccional, más lealtad política.
Si se confirma jurídicamente que no cumple con los requisitos de edad y experiencia, no se trata solo de una “polémica mediática”, sino de algo de mayor calado: la posible nulidad de sus actos como consejero. Cada acuerdo, cada intervención en movimientos de jueces, cada voto en el órgano que administra, disciplina y vigila al Poder Judicial del estado quedaría bajo la sombra de la ilegalidad. Y con ello, se abre la puerta a impugnaciones en cascada, no solo contra Martínez Hernández, sino contra resoluciones donde su mano haya sido determinante.
Más grave aún es lo que ya se susurra en voz alta entre jueces y magistrados: presuntas llamadas, mensajes, “sugerencias” sobre el sentido de resoluciones en asuntos con montos millonarios o pleitos entre particulares de alto calibre. Versiones que apuntan a presiones e injerencias existen, han empezado a ser recogidas en columnas y señalamientos públicos, pero todavía se mueven en el terreno de las denuncias y testimonios que exigen pruebas, trazabilidad y nombre y apellido en expedientes oficiales.
