Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En los últimos meses, diversos empresarios con actividades en Tamaulipas han comenzado a compartir, de manera privada y en algunos casos en entrevistas a los medios, versiones sobre presuntas extorsiones vinculadas a contratos públicos estatales. Aunque la mayoría teme hacer públicas sus denuncias por temor a consecuencias legales, administrativas o comerciales, los testimonios apuntan a un reducido grupo de personas, que según afirman, tendrían influencia suficiente para operar a sus anchas.
El caso que ha alcanzado mayor exposición pública es el del empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez, quien recientemente relató en entrevista con Azucena Uresti una serie de hechos que, de acuerdo con su versión, ocurrieron después de que obtuviera un contrato para la distribución de despensas en los municipios de Tamaulipas.
Según el empresario, el proyecto contemplaba recursos superiores a los 541 millones de pesos y un anticipo cercano a los 162 millones. Valdez Sánchez sostiene que, durante reuniones relacionadas con la ejecución del contrato, recibió planteamientos para entregar parte de esos recursos a terceros. En su testimonio identificó a Felipe Salinas Mansur como una de las personas involucradas en dichas solicitudes y lo vinculó con el entorno de Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya.
De acuerdo con la versión del empresario, su negativa a acceder a esas peticiones fue seguida por la rescisión del contrato y, posteriormente, por diversos procedimientos judiciales que considera una represalia. Valdez Sánchez asegura haber obtenido resoluciones favorables en algunas instancias administrativas para controvertir la cancelación, aunque actualmente continúa enfrentando procesos legales que atribuye a los hechos descritos.
Más allá de esta denuncia pública, fuentes empresariales a las que este reportero tuvo acceso, refieren situaciones similares. Se trata de empresarios que mantienen o han mantenido contratos con dependencias estatales, particularmente en sectores relacionados con seguridad pública y suministro de bienes. Ninguna aceptó la publicación de su nombre y apellido, pero varias coincidieron en mencionar a los mismos interlocutores.
Entre los nombres que aparecen de manera recurrente se encuentran Felipe Salinas Mansur y Diego Ruiz Ibarra, este último vinculado a la estructura administrativa del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública estatal. De acuerdo con los empresarios consultados, ambos suelen presentarse como personas con acceso y cercanía a integrantes del entorno más próximo al gobernador, incluida su esposa, María de Villarreal.
Las referencias a Felipe Salinas Mansur tampoco son nuevas. Su nombre ha aparecido previamente en investigaciones periodísticas relacionadas con presuntos esquemas de facturación irregular. Aunque esos antecedentes no constituyen prueba de las acusaciones actuales, ayudan a explicar por qué algunos empresarios consideran necesario que las autoridades revisen los señalamientos que hoy circulan en distintos sectores económicos del estado. Bajo esa premisa, varios de ellos han planteado que instancias federales intervengan para esclarecer los hechos denunciados, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.
