Alberto AguirrePor Alberto Aguirre
Marco Bonilla ha gobernado durante un quinquenio a la capital de Chihuahua. En el 2021, cuando hizo su primera campaña por la alcaldía, ofreció cerrar definitivamente el viejo basurero a cielo abierto confinado que diariamente recibe más de 3,000 toneladas de residuos, provenientes de la ciudad y de municipios vecinos como Aldama y Aquiles Serdán.
Los estudios de factibilidad ubicaron los terrenos para el nuevo relleno sanitario en la comunidad de Mápula. Mientras el ayuntamiento panista tramitabas los permisos ambientales, el alcalde Bonilla firmó la renta del predio recomendado por los especialistas, con opción a compra. Pero el 7 de junio del 2023, a punto de que iniciaran los trabajos para la nueva instalación sanitaria, una jueza de distrito concedió la suspensión temporal.
“Unos cuantos están poniendo en riesgo la viabilidad de uno de los servicios básicos de la ciudad”, se quejó entonces Bonilla, quien prometió combatir jurídicamente a sus adversarios –“políticos y mediáticos”—que con intrigas y falsedades frenaron su proyecto.
El litigio se extendió un trienio. El pasado 22 de marzo, la juzgadora finalmente desahogó la audiencia constitucional y determinó un plazo de 90 días para resolver sobre el asunto y el dilema de fondo.
El caso Mápula ilustra un desafío contemporáneo: los residuos se acumulan diariamente y las autoridades han tenido que invertir para prolongar la vida útil del actual relleno sanitario. El director de Servicios Públicos, José Luis de Lamadrid ha sostenido que la propuesta cuenta con viabilidad técnica y que la falta de una resolución dificulta la planeación de largo plazo. Sin embargo, quizá la discusión más importante ya no sea dónde depositar los residuos, sino cómo evitar que tantos terminen enterrados.
Ese cambio de enfoque no es menor. Datos oficiales revelan que México genera más de 140,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Durante décadas, la respuesta predominante fue ampliar la infraestructura de disposición final. Hoy, los países que lideran la agenda ambiental entienden que los residuos representan también una oportunidad económica. Cada tonelada que se recicla, reutiliza o valoriza reduce la presión sobre los rellenos sanitarios y genera nuevos insumos para la industria, empleo y menor impacto ambiental.
Así, los residuos dejan de representar únicamente un costo de disposición para convertirse en una fuente potencial de materias primas, energía y actividad económica. Esa es la esencia de la economía circular: mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible, reducir la extracción de nuevos recursos y transformar un pasivo ambiental en un activo para la competitividad.
A nivel nacional comienzan a aparecer señales de esa transición. La planta en el Bordo de Xochiaca y los proyectos que se desarrollan en Nuevo León y Jalisco siguen la ruta de la valorización de residuos y economía circular. No significa que hayan dejado de necesitar rellenos sanitarios, sino que éstos deben convertirse en el último eslabón de la cadena, no en el eje de la política pública.
Efectos secundarios
TENSIONES. No solo en el sector energético –o tal vez, es una extensión de esas circunstancias—se viven momentos álgidos dentro del equipo presidencial. En los corredores de Palacio Nacional también se comenta sobre la enojosa relación entre la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez, y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jorge Trejo, marcada por una creciente desconfianza por diversos procesos de contratación. El episodio que habría terminado por tensar la relación fue una reunión celebrada en mayo, en el hotel Banyan Tree de Acapulco, donde, según esas mismas versiones, se buscó influir en la licitación consolidada para la adquisición de vehículos.
SOSPECHAS. Uno de los primeros casos de robo de hidrocarburos, detectado y castigado, en Estados Unidos involucró a Luis y Mauricio Valencia, quienes al no poder comprobar el origen de más de 33,000 barriles de petróleo crudo que introdujeron a Texas, fueron sentenciados a 30 meses de prisión y restituir un millón de dólares al estado de Texas. En esas faenas involucraron a la firma Andra Energy LLC, empresa con sede en Houston que entonces encabezaba Gerardo Gómez Castañares y Pedro Borda. El primero ahora aparece al frente de un nuevo emprendimiento energético en Salina Cruz.
