Álvaro DelgadoPor Álvaro Delgado Gómez
Con el mismo cinismo con que Donald Trump ordenó a la FIFA de Giani Infantino revertir la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun, porque supuestamente recibió una sanción injusta, Estados Unidos invade naciones y mata gente. No importan el deporte, la democracia y los derechos humanos, sino el poder y la dominación. Y con esta lógica, con el pretexto de su seguridad nacional, el gobierno de ese país ha desplegado en México a cientos de elementos de sus agencias, sobre todo las siniestras CIA, DEA y FBI, para entrometerse en asuntos que sólo conciernen a los mexicanos y para buscar someter a sus autoridades, como lo han hecho antes.
—¿Cuántos agentes de Estados Unidos operan en México? —le pregunté a una alta funcionaria de México.
—Son muchos, todos son diplomáticos.
—¿Pero cuántos son?
—Cerca de mil.
Entre esos casi mil agentes de Estados Unidos en México, camuflados de diplomáticos, se encuentran los agentes de la CIA, la agencia que invade soberanías para la desestabilización política, el derrocamiento de gobiernos y la imposición de títeres. A cuatro de esos agentes la Gobernadora panista María Eugenia Campos autorizó, de manera ilegal, participar en operativos en Chihuahua, como el del 19 de abril, y que destapó una trama de violaciones a la Constitución y de delitos de traición a la patria que apuntan directamente a ella y a los estadounidenses.
De los dos agentes de la CIA que murieron, uno entró a territorio mexicano como turista, en abierta violación a la Ley de Seguridad Nacional, y que revela el desprecio de Estados Unidos por las leyes de México y su lógica de dominación, basada en la política de seguridad hemisférica de Trump, que ha reactivado la aborrecible Doctrina Monroe, resumida en “América para los americanos [sic]”.
No es novedad que Estados Unidos despliegue agentes propios en México y que reclute a mexicanos, porque vendepatrias ha habido siempre y agentes de la CIA han sido desde expresidentes de la República hasta los titulares de la Dirección Federal de Seguridad, como Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, así como empresarios, periodistas e intelectuales, como en la “Operación LIHUFF” que aquí se ha revelado, con el padre de Ricardo Salinas Pliego como protagonista, sino que ahora un prominente miembro de esa agencia de desestabilización es el embajador, el coronel retirado Ronald Johnson, quien orquesta los planes de Trump contra México.
Aunque no le tocó a él como embajador, porque asumió su cargo 10 meses después de los hechos, el secuestro en Sinaloa del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, con participación directa de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo involucra ahora por la presunta participación del FBI en el operativo. Esta agencia ha reconocido como suya la aeronave Beechcraft King Air 200 que trasladó a ambos narcos a ese país y que donó al Museo del Aire War Eagles, Texas, para su exhibición.
Tras ese episodio en las afueras de Culiacán, Sinaloa, donde fue también asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda, Diputado federal electo del PRI y excandidato del partido Movimiento Ciudadano, Estado Unidos sólo entregó migajas informativas a México, primero con Joe Biden y luego con Trump, y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con nuevos elementos para su investigación, que ha sido al margen de los acuerdos de cooperación entre ambas naciones.
De acreditarse que, en efecto, el FBI del Departamento de Justicia participó en la operación contra “El Mayo” Zambada, se habrá acreditado otra intervención, inconstitucional e ilegal, de Estados Unidos, además de la que se efectuó en Chihuahua con Maru Campos y la CIA. Esto no es cooperación, sino injerencia.
Lo que parece paradójico pero que es parte de la lógica de dominación de Estados Unidos es que sus propias agencias protegen a criminales y a sus familias, como ocurre con el clan de los Guzmán, cuyos 17 familiares fueron recibidos por autoridades de ese país en la garita de San Ysidro, California, entre ellos Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán López, exesposa de “El Chapo”.
El Cártel de Sinaloa está clasificado por Estados Unidos como organización terrorista, pero hace pactos con sus integrantes. También aparece paradójico, pero no en la lógica de poder y dominación.
Esa es la razón también por la que en territorio mexicano hay casi mil miembros de las agencias de Estados Unidos, tanto en la Embajada como en los nueve consulados que hay en todo el país que encabeza Ronald Johnson, a veces para la cooperación y otras para desestabilizar al gobierno de México, como ha ocurrido en otros países de América Latina, según lo que haga falta.
Fue a partir del secuestro de “El Mayo” Zambada, en el que está involucrado el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular la presencia y actividad de los agentes de Estados Unidos en territorio mexicano. A partir de entonces los agentes deben presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.
El artículo 74 de esta misma ley dispone lo siguiente: “Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional”.
Y añade: “En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Las autoridades responsables de la supervisión y vigilancia de los agentes y técnicos especializados serán corresponsables del incumplimiento de las disposiciones generales y específicas que resulten aplicables. En su caso, serán sancionados en los términos que disponga la ley”.
¿El Gobierno de Claudia Sheinbaum llegará a romper la cooperación con Estados Unidos? Es poco probable. Pero eso no implica que los agentes de puedan hacer en México lo que se les pegue la gana. Hay que ponerles un alto.
