Redacción El CoahuilensePor Jaime Cleofas Martínez Veloz
Hay reformas que nacen como tormentas y otras que nacen como silencios. La indígena de 2024 nació como esas tardes en la Laguna donde el cielo se queda quieto, como si estuviera pensando. Un silencio largo, casi ritual, antes de que el viento cambie y uno entienda que algo se está moviendo detrás del horizonte.
El 30 de septiembre de 2024, al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, apareció en el Diario Oficial un decreto que prometía ser histórico: el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como Sujetos de Derecho Público. En el papel, era un triunfo. En la entraña, era otra cosa.
Para entenderlo, hay que volver a San Andrés Larráinzar, 1996. A ese momento en que los pueblos originarios, después del levantamiento zapatista, le dijeron al Estado: “Aquí estamos. Somos muchos. Somos antiguos. Somos naciones.” Y el Estado respondió con acuerdos que prometían pluralismo, territorio, libre determinación. Prometían un país distinto. Prometían que México dejaría de ser un mapa dibujado desde arriba.
Pero la historia constitucional mexicana es como esas acequias viejas: uno cree que llevan agua limpia, pero por debajo corren otras corrientes. La reforma foxista de 2001 convirtió a los pueblos en “entidades de interés público”, una categoría que los reconocía como sujetos… pero no como sujetos de poder. San Andrés quedó reducido a un recuerdo.
La reforma de 2024 prometía corregir esa herida. Prometía devolverles nombre, voz, dignidad jurídica. Y sí: les dio nombre. Pero les quitó suelo. Les dio personalidad jurídica, pero les negó territorio. Les dio presupuesto, pero les negó soberanía. Les dio reconocimiento, pero les negó país.
La ruta rota: de la consulta nacional a la mutilación presidencial
Entre 2019 y 2021, México vivió algo extraordinario: una consulta indígena de dimensiones inéditas. 54 foros. 60 asambleas regionales. 20 mil autoridades comunitarias. 630 mil firmas. Un país hablando consigo mismo.
La propuesta resultante —entregada por la Tribu Yaqui al presidente en Vícam Pueblo— era un documento vivo, un mapa de futuro: quince artículos constitucionales modificados para reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
Pero el 5 de febrero de 2024, el Ejecutivo presentó otra iniciativa. Una versión reducida, recortada, domesticada. Una reforma que se concentró casi exclusivamente en el artículo 2 y que eliminó, uno por uno, los derechos estratégicos que daban sustancia a la libre determinación.
ALDEA lo dijo sin rodeos: fue una traición. Una violación al derecho a la consulta. Una maniobra para neutralizar la fuerza territorial de los pueblos.
El despojo silencioso: cómo se vació el Artículo 2
El análisis micro-comparativo del articulado es como leer un expediente forense: ahí están las huellas del despojo, palabra por palabra.
El pluralismo que nunca llegó al Artículo 1
Los pueblos pidieron que la pluriculturalidad fuera principio rector de los derechos humanos. El Ejecutivo lo descartó. Sin pluralismo en el Artículo 1, todo lo demás es ornamento.
La comunidad sin política
La propuesta consultada definía a la comunidad como unidad política. La reforma borró esa palabra. Quitar lo político es quitar el derecho a decidir sobre el rumbo colectivo.
El autogobierno bajo tutela
La reforma permite decidir formas internas de gobierno… pero “conforme a esta Constitución y leyes aplicables”. Autonomía condicionada. Autonomía vigilada.
La jurisdicción indígena encerrada
Se reconoce, sí. Pero solo dentro del “orden jurídico vigente”. La justicia indígena queda como invitada, no como igual.
El territorio desaparecido
Aquí está el corazón del despojo. Los pueblos pidieron reconocimiento de tierras, territorios, recursos genéticos, biodiversidad. La reforma solo habla de “tierras” y “lugares sagrados declarados por la autoridad competente”. El territorio —la base material de la libre determinación— fue borrado del texto constitucional.
Los recursos naturales bajo tutela federal
La propuesta consultada pedía poseer, desarrollar y controlar los recursos. La reforma mantuvo el texto de 2001: uso y disfrute preferente, siempre bajo supervisión federal.
La consulta sin consentimiento
Sin consentimiento, la consulta es trámite. Un ritual administrativo para legitimar decisiones ya tomadas.
La autonomía fiscal amarrada
Transferencias directas, sí. Pero bajo “normas presupuestarias aplicables”. Autonomía fiscal sin autonomía fiscal.
El dispositivo de desterritorialización: el país como mercancía
La desaparición de la palabra territorio no es un descuido. Es una estrategia. Es la llave que permite al Estado seguir operando megaproyectos sin consentimiento real.
Tren Maya
6,018 hectáreas de selva deforestadas. Amparos suspendidos por decreto de “seguridad nacional”.
AIFA
96 hectáreas del ejido Xaltocan despojadas con irregularidades. Consulta exprés, sin información.
Corredor Interoceánico
Gasoductos, parques industriales, imposición sin consentimiento.
La reforma indígena de 2024 consolida un sujeto jurídico sin suelo. Un sujeto que puede firmar contratos, pero no defender su hábitat. Un sujeto perfecto para el modelo de inversión de impacto: administradores comunitarios sin poder territorial.
Las reformas paralelas: el pluralismo subordinado
Mientras se reconocía personalidad jurídica, el Congreso aprobaba otras reformas sin consulta indígena: la judicial, la política y la de aguas. Tres golpes simultáneos.
Reforma Judicial
Elección popular de jueces y ministros. Sin consulta indígena. Sin tribunales pluriculturales.
Reforma Política
Se eliminaron los escaños indígenas electos por sistemas normativos propios. Los pueblos quedaron atrapados en el sistema de partidos.
Ley de Aguas
Conagua mantiene la sobreconcesión hídrica. Los pueblos siguen sin soberanía sobre sus acuíferos.
La reforma indígena de 2024 reconoce a los pueblos… pero les quita el país.
Les da nombre… pero les borra el territorio. Les ofrece autonomía… pero les amarra las manos. Les promete justicia… pero les entrega papel.
Porque el Estado mexicano, incluso cuando dice “transformación”, sigue temiendo lo mismo: que los pueblos originarios no solo existan, sino que manden.
Por eso desapareció la palabra territorio. Por eso la consulta quedó sin consentimiento. Por eso la jurisdicción indígena quedó subordinada. Por eso el agua sigue en manos de otros.
La reforma indígena de 2024 es la prueba de que el Estado está dispuesto a reconocer todo, menos el poder real de los pueblos.
Y en México, eso tiene un nombre: despojo con firma oficial.
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