La inminente incorporación de José Ignacio Máynez Varela al Ayuntamiento de Torreón resultará en una serie de ajustes en el Poder Judicial, donde el hoy magistrado preside la Sala Regional lagunera.
Desde el pasado jueves, cuando Miguel Ángel Riquelme Solís asumió la presidencia municipal torreonense, el nombre de Máynez se comenzó a barajar como sustituto de Ariel Martínez Mendoza, en la jefatura de gabinete municipal.
El proceso puede llevar unas semanas, tanto por la entrega-recepción como por el propio procedimiento que es inédito en la era de los funcionarios judiciales electos aun y cuando el mencionado expanista no fue electo el año pasado. Es decir, las interrogantes se plantean sobre quién sería su reemplazo.
Y la presidencia
El reemplazo en la presidencia de la Sala Regional es lo que sí se tiene más o menos cantado. Esto es que, de concretarse el cambio, será la magistrada de esa misma sala, Yezka Garza Ramírez, quien asuma el relevo.
Egresada de la carrera de derecho en la Universidad Iberoamericana, Yezca Garza se ha destacado por su presencia en la creación y dirección de instituciones derechohumanistas, en concreto, al iniciar su carrera fue quien creó la Unidad de Violencia Familiar y Género en el DIF Torreón; luego, fue creadora y directora del Centro de Empoderamiento de las Mujeres.
También le tocó estar al frente de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y, antes de ser postulada en la elección de 2025 y asumir la magistratura, fue titular del Centro Regional de Identificación Humana.
Esto es que se trata de una derechohumanista con probada perspectiva de género, al relevo de un abogado sobre el que han pesado graves acusaciones, entre otras cosas, por abuso sexual.
El caso Tania
Por lo que se pudo saber al cierre de esta edición, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania “N” permanecerá tras las rejas, por ahora, hasta que se efectúe la audiencia prevista para mañana jueves.
De acuerdo a los enterados del caso, hay pocas probabilidades de que un juez federal otorgue un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva por dos condiciones.
La primera, es que ya había violado una medida cautelar que tenía por la causa penal relacionada con ejercicio abusivo de funciones; la segunda es que existe el riesgo de que no se someta al proceso, es decir, de que huya.
El caso Tony
Una sobrelitigación del petista Antonio Flores Guerra, podría entrampar su reclamo de retorno al Palacio del Congreso. Como se informó oportunamente en este espacio, Flores Guerra acudió primero a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que envió el expediente a la Sala Regional Monterrey y, de ahí, lo mandaron al Tribunal Electoral del Estado, donde sigue la sustanciación.
Mientras el asunto corría en la materia electoral, merced a un reclamo por violación de derechos políticos, un juez de amparo en Piedras Negras, concedió una suspensión. Luego, un mismo hecho fue turnado a dos instancias diferentes en materia y competencia.
Lo anterior genera un embrollo que se agrava con la promoción de un amparo por parte del suplente de Flores Guerra, el fronterense Fernando Rodríguez, quien al parecer también obtuvo una suspensión.
Si hay dos amparos contrapuestos y un tribunal especializado a punto de sentenciar ¿cuál es el que prevalece? ¿Acaso el litigio se tendría que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y, de ser así, ¿qué estado guardarán las cosas de aquí al 1 de septiembre cuando se levante la suspensión de Tony Flores como diputado?
Sesión virtual
No es la primera vez en estos días que un exceso de prudencia lleva a tomar decisiones en el Poder Legislativo del estado. Y el de ayer, sin duda, marca un precedente de relevancia para el parlamento.
Y es que, a las 10:00 de la mañana, la Junta de Gobierno, realizada de manera virtual, concluyó que la primera sesión de la Diputación Permanente fuera también virtual y con ello, el palacio legislativo quedó prácticamente vacío, eso sí, rodeado por un cerco de seguridad con decenas de efectivos y rondines de refuerzo.
Hay dos conclusiones sobre lo ocurrido: la primera es que las y los diputados optaron por evitar una confrontación realizando la sesión a distancia; la segunda es que un solo hombre rodeado por una veintena de personas, puede impactar así al Poder Legislativo. Lo anterior, al margen de las consideraciones jurídicas al respecto.
Y el caso Ancira
Los enterados del escándalo Lozoya-Odebrecht-Ancira aseguran que el nuevo lance federal contra el otrora magnate acerero es una falacia.
Resulta que, el convenio de resarcimiento que se pactó en 2021 y por el cual obtuvo la libertad, no se hizo a título personal sino de Altos Hornos de México y que él lo firmó en su calidad de presidente del Consejo de Administración.
Como se recordará, AHMSA hizo dos pagos iniciales, uno en 2021 y otro en 2022, pero la acerera ya no pudo realizar el tercer pago debido a que los reclamos económicos del propio gobierno federal empujaron a la empresa a una crisis.
Fue por entonces que Alonso Ancira renunció al consejo y cedió su participación accionaria y los bienes en garantía de la deuda al grupo Argentum Creek Partners, que se hizo cargo de los pasivos y llevó a un grupo de inversionistas de Taiwán para reactivar la empresa, pero la operación fue bloqueada por el gobierno de López Obrador, con un crédito fiscal de dudosa legitimidad y por 3 mil millones, con lo que AHMSA se fue definitivamente a la quiebra.
Con lo anterior, Pemex es un acreedor más en la masa concursal y los anteriores propietarios de la porción mayoritaria de acciones ya no tienen ninguna responsabilidad frente a la deuda que está garantizada por equipos de la empresa.
Conclusión: se trata de otra cortina de humo o pretenden exigir una extradición de Ancira, que vive en Estados Unidos, que se negaría por ser ciudadano estadunidense y no extraditan por asuntos civiles. Veremos.
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