Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Si algo ha sido la bandera del Gobierno de Samuel García, es la narrativa ambiental. Clausuras de plantas, operativos espectaculares, conferencias de prensa y promesas de mano dura hicieron pensar que, por fin, Nuevo León enfrentaría el problema que desde hace años asfixia a su zona metropolitana. La realidad, sin embargo, es que fue pura demagogia. Los índices de mala calidad del aire persisten, la producción de combustóleo en la Refinería de Cadereyta continúa generando preocupación y las soluciones estructurales siguen sin aparecer. Los ciudadanos respiran el mismo aire, sólo que ahora acompañado de más discursos.
Mientras especialistas y legisladores exigen que se cumplan los compromisos para reducir las emisiones de la refinería, Pemex mantiene opacidad sobre el destino del combustóleo cuya producción incluso aumentó este año. A ello se suma que, fuera de los anuncios oficiales, poco ha cambiado en las fuentes más importantes de contaminación. Sembrar árboles, organizar campañas o repartir responsabilidades entre distintos niveles de gobierno puede servir para la fotografía, pero difícilmente modifica las partículas PM2.5 que siguen suspendidas sobre Monterrey.
Como si el fracaso ambiental no fuera suficiente, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, terminó envuelto en una controversia distinta. Diversos empresarios y actores políticos lo han señalado públicamente por presuntos actos de extorsión y por utilizar las inspecciones ambientales como mecanismo de presión, acusaciones que él ha rechazado y que forman parte del debate público. En cualquier administración, un funcionario encargado de hacer cumplir la ley ambiental debería ser sinónimo de certeza jurídica. En Nuevo León ocurre exactamente lo contrario: la discusión dejó de centrarse en cómo limpiar el aire para concentrarse en quién ejerce el poder detrás de las clausuras.
Y si alguien tenía dudas sobre la eficacia de la estrategia estatal, basta revisar lo ocurrido en Las Sabinitas. La limpieza que el Gobierno presumió terminó pareciendo más un maquillaje previo al Mundial que un remedio. Basura cubierta con tierra, escombros ocultos tras estructuras de concreto y un drenaje que, según vecinos, lleva años contaminando el Río Santa Catarina evidencian que el problema nunca desapareció; simplemente dejaron de verlo quienes pasaban por la avenida principal. Taparon el ojo al macho, literalmente.
Quizá ese sea el mayor pendiente del gobierno de Samuel García. La contaminación dejó de ser un asunto de política pública para convertirse en un ejercicio permanente de comunicación. Se anuncian operativos, se inauguran campañas y se construyen narrativas, pero el aire sigue siendo el mismo. Y mientras las conferencias presumen avances, miles de regiomontanos continúan respirando uno de los ambientes más contaminados del país.
Impulsan la unidad del movimiento
La gira que esta semana llevó al diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar a Zacatecas dejó algo más que una asamblea informativa. En Río Grande, el legislador apareció acompañado por Ulises Mejía Haro ante más de 300 liderazgos regionales de Morena, en un encuentro que, oficialmente, tuvo como objetivo respaldar la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum y reforzar la organización territorial del movimiento. Sin embargo, entre los asistentes no pasó desapercibido que el protagonismo otorgado a Mejía Haro alimenta las versiones de que su nombre comienza a tomar mayor fuerza rumbo a las definiciones políticas que vendrán en el estado.
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