Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- La sargenta A.F.J., originaria de Morelos, ingresó a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para “servir a su país”, sin imaginar que en esta institución sería violentada de diversas formas por parte de sus superiores. Ella, junto a su madre, han emprendido una lucha para exigir justicia, mientras teme por su propia vida tras exponer al agresor.
Los hechos ocurrieron en el cuartel de la Zona Militar 36 en Tapachula, Chiapas, donde A.F.J. fue víctima de acoso y abuso sexual a manos del teniente coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Dorian “P”.
La sargenta decidió denunciar lo ocurrido; sin embargo, en lugar de recibir apoyo, ha sido víctima de hostigamiento, lo cual ha escalado hasta hacerla temer por su seguridad.
“Le vas a arruinar la carrera al jefe”, le dijeron a la mujer. “¡Él me arruinó mi integridad emocional!”, espetó ella. Pese a lo anterior, su proceso no ha avanzado debido a la burocracia militar.
A.F.J. detalló en entrevista que ha sido revictimizada e incluso algunas autoridades militares iniciaron dos procedimientos en su contra donde la acusan por insubordinación y sustracción de documentos; esto último, debido a que le hicieron llegar de manera anónima una constancia de buena conducta en 2021, misma que anteriormente había sido negada por sus superiores.
La acción tuvo el objetivo de darla de baja del servicio militar al que ha servido por 10 años.
Inocente, madre de la sargenta, ha luchado junto a su hija para encontrar justicia y seguridad: “Señor presidente Andrés Manuel López Obrador y general Cresencio Sandoval, tomen cartas en el asunto. ¡Exigimos justicia! ¡Deja de amenazar de muerte a mi hija, COBARDE!”, expresó Inocente en una de sus protestas afuera de Palacio Nacional.
Instituciones de seguridad en México violan recomendaciones de la ONU
En el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad emitió la recomendación 1325, con el objetivo de que los Estados promovieran la participación plena, sustantiva e igualitaria de las mujeres en todos los niveles y ámbitos, incluyendo el sector de la seguridad, al abordar temas como violencia de género y discriminación.
En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sedena, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recientemente dieron a conocer el primer informe de las actividades realizadas en 2021 como parte del Plan Nacional de Acción para el seguimiento de la resolución 1325.
Sin embargo, al contrastar dicho documento con la realidad, aún quedan pendientes importantes en la lucha por la protección de los derechos de las mujeres en el país.
Por ejemplo, el informe presentado por las autoridades mexicanas destaca que en 2021 se capacitó a 11 mil 670 personas funcionarias públicas en relación con temas de igualdad y violencia de género.
También se describe la impartición de cursos como Prevención y atención de la violencia laboral: hostigamiento sexual y mobbing, además de otras capacitaciones relacionadas con violencia sexual y prevención de situaciones de inequidad y discriminación.
No obstante, este tipo de acciones no ha sido erradicado al interior de las corporaciones de seguridad. Ejemplo de ello es el caso de la sargento A.F.J, que no es el único registrado durante los últimos años.
De acuerdo con información del Sol de México, de 2006 a julio de 2021, al interior del Ejército mexicano se han registrado 582 denuncias por agresiones de índole sexual; sin embargo, únicamente 33 militares han sido procesados.
Así, pese a la realización de los cursos en materia de violencia de género, las autoridades tienen deudas cruciales con las mujeres, incluso con aquellas que se encuentran al interior de sus filas.
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