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Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presumió una reducción de 29.7 por ciento en casos de feminicidio a nivel nacional; sin embargo, para María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), estos dichos invisibilizan la violencia feminicida y podrían poner en riesgo, aún más, la vida de las mujeres.
Fue durante el informe mensual de agosto del grupo interinstitucional de la estrategia nacional de protección para las mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultas mayores que viven violencias basadas en el género, donde Alcalde Luján aseguró que “este gobierno transita por la ruta correcta”.
Sin embargo, María de la Luz Estrada expresó que, si bien se han realizado acciones en favor de los derechos de las mujeres, este gobierno -encabezado por Andrés Manuel López Obrador– “tardó en entender la problemática”.
En entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del OCNF aseguró que la violencia contra las mujeres sigue siendo un reto para el Estado mexicano, “no se puede negar que todavía falta mucho para prevenir estas violencias tan graves, tenemos que seguir haciendo esfuerzos adicionales”, aseguró.
Muertes violentas de mujeres continúan sin acreditarse como feminicidio
La defensora añadió que el Estado aún ha fallado en temas de prevención y el acceso a la justicia, además, la mayoría de los casos de feminicidio siguen sin investigarse con perspectiva de género, lo que ha impedido que el delito se acredite.
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Y es que por ejemplo, tan solo en la primera mitad del año 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han registrado mil 716 muertes violentas de mujeres, de los cuales únicamente 426 se investigan como feminicidio.
Lo anterior aún cuando el Código Penal Federal establece las razones de género para catalogar un caso como feminicidio. Además de que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó la sentencia Mariana Lima Buendía, a partir de la cual se ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidio y juzgar con perspectiva de género.
Pese a lo anterior se siguen observando casos como el de Guanajuato, donde en 10 años se ha registrado un incremento de 732 por ciento en el registro de mujeres asesinadas, pero las autoridades de la entidad han minimizado la violencia feminicida.
Y es que por ejemplo, de enero a marzo de 2023 se habían registrado 32 muertes violentas de mujeres, mismas que fueron clasificadas como homicidio doloso, es decir, ninguna de ellas se catalogó como feminicidio.
Esta problemática se repite en varios estados, asegura la coordinadora del OCNF, por ello refirió que es necesario que se evalúen a las instituciones encargadas de procurar justicia, que se cuente con personal especializado, que se realicen peritajes de contexto y se respete lo que se dicta en el Código Penal Federal y en la Sentencia Mariana Lima Buendía.
“Si bien se han hecho acciones para evitar las violencias, en la vía de los hechos todavía no lo podemos demostrar, esto va a tardar, por lo que si se invisibiliza la violencia feminicida, lo que pasa es que se pone en riesgo la vida de las mujeres”, puntualizó.
AVGM, mecanismo con vacíos al hablar de seguimiento
Durante la misma presentación del informe mensual, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, informó que entre 2015 y 2021 se declararon 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para 22 estados.
Esto contempla 373 municipios por incremento de la violencia feminicida, además de tres entidades que cuentan con doble alerta (Estado de México, Guerrero y Veracruz).
En conjunto –apuntó– son 565 medidas divididas en las 25 alertas, que deben ser implementadas por diversas autoridades, y son materia de evaluación y seguimiento por parte de Gobernación.
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Destacó que en los últimos 12 meses se logró realizar 18 evaluaciones de alertas y de nuevas solicitudes para declarar otras AVGM, incluidos los estados de Michoacán y Estado de México que tenían más de cinco años sin medir sus resultados. Asimismo, se realizó esta tarea en otras 10 entidades.
En ese sentido, María de la Luz Estrada acusó que al día de hoy no hay indicadores que permitan evaluar las declaratorias de AVGM y así determinar qué estados han avanzado en la implementación de medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Ejemplo de ello es Sonora, donde desde 2021 se emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en seis municipios. Sin embargo, al día de hoy, la sociedad civil que impulsó la petición -entre ellas el OCNF– no ha sido convocada para participar en el grupo de trabajo conformado para atender el mecanismo dictado por Conavim.
“No puedo decir que estamos avanzando, hay estados olvidados. Conavim debe fortalecer equipos de seguimiento para dar el ancho”, sentenció Estrada Mendoza.
Es de recordar que la AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.
Sin embargo, en este punto la sociedad civil también ha encontrado trabas, pues a raíz de una serie de reformas realizadas a este documento en 2021, aún no se tiene certeza del nuevo reglamento, pese a que el OCNF tuvo reuniones con Segob para la preparación de nuevos lineamientos que mejoren tiempos y procedimientos de este mecanismo, lo que ha provocado que desde abril de 2023 no se emita ninguna declaratoria de AVG.
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