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Ayer salió la resolución del amparo que interpuso Nicolás Pineda y el juez federal le pide al juez de control que el MP de la fiscalía de la CDMX…
Siéntense muy bien
1.- Que el MP aclare a qué fondos se refiere que utilizó Nicolás para el delito de uso indebido de fondos públicos, pues no hay dato de prueba.
2.- Así como que el MP no puede acusarlo por el ejercicio indebido de fondos públicos al haber hecho, según ellos, el uso de “bienes”, pues esa palabra, “bienes”, se incluyó en el delito hasta 2021, y según la fiscalía de la CDMX el delito lo cometió de 2012 a 2018 y la ley en México no es retroactiva.
Ah, y que debe revisar la prisión preventiva quesque justificada que le dictaron, a pesar de que los delitos que le han querido imputar no la ameritan y que tenía un trabajo estable y domicilio fijo en la CDMX.
La justicia politizada de Nieto y la fiscal carnal
Les cuento, Nicolás Pineda era un servidor público a quien, de la noche a la mañana, le abrieron carpetas de investigación, sin prueba alguna, por peculado, y como fue derogada, entonces lo acusaron de uso indebido de fondos públicos -inhale y exhale- por trabajar en un edificio rentado por el gobierno de la CDMX con fondos públicos. ¡Así como lo están leyendo! También lo acusaron por el delito de violación a las comunicaciones privadas, o sea porque, según Ernestina, escuchó comunicaciones de al menos 400 personas, pero hasta hoy no han presentado un solo afectado, por lo que cambiaron quién era la víctima y pusieron que era la sociedad en general, lo cual choca con la redacción del tipo penal: comunicaciones privadas, y si son de la sociedad pues no hay comunicación privada, ¿o sí?
Pero si creía haberlo leído todo, trágicamente debo decirle que no. Ante el desmoronamiento de los casos, también le abrieron otra carpeta por acudir a marchas… sí, ¡a manifestaciones! Y hasta donde sabemos ir a marchar no es un delito.
Cronología de la pesadilla
El 6 de noviembre de 2020, Santiago Nieto presentó una denuncia ante la fiscalía de la CDMX por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su denuncia narra que, derivado de notas periodísticas, determinó la existencia de un centro de espionaje en un edificio ubicado en la calle Manuel Márquez Sterling, en la CDMX, que operaba bajo las órdenes de Miguel Ángel Mancera, de 2012 a 2018, y que en ese edificio se espió a “Sheinbaum, AMLO y otros políticos” (PDF páginas 18, 29). En esa denuncia, Nieto solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias de la arrendadora del edificio.
La agente del MP Daniela Beatriz Hernández Díaz determinó no congelar las cuentas sin antes realizar actos de investigación (PDF página 36) y citó a declarar a la dueña del edificio.
El abogado de la dueña del inmueble se presentó a entregar la declaración de su defendida y, entre otras cosas, aclaró que, contrario a lo señalado por Nieto, el inmueble fue arrendado al gobierno de la CDMX, no en el periodo de Miguel Ángel Mancera, sino desde el año 2010, durante el sexenio de Marcelo Ebrard (pág. 46), y presentó toda la documentación (contratos, facturas, acta constitutiva) que acredita que los recursos generados por el arrendamiento provienen de fuentes lícitas del propio gobierno de la CDMX (pág. 52). ¡Quihúboles!
Tras analizar toda la documentación, la agente del MP solicitó, el 9 de mayo de 2021, el no ejercicio de la acción penal.
Acto seguido, la fiscalía objetó el no ejercicio de la acción penal y ordenó más investigaciones. Pero el 21 de julio de 2021 se vuelve a proponer el no ejercicio de la acción penal.
Agárrense
Pues dos días después la fiscalía de Ernestina conmina a la agente del MP para encuadrar los hechos señalados por Nieto en otros delitos como peculado, violación de comunicaciones privadas, delitos electorales o fraude (pág. 174). Y no sólo eso, sino que, de forma intimidatoria, la fiscalía comienza a investigar y a acosar a la MP. ¡Así de rudos!
Ante la negativa de la agente del MP para ceder a las presiones para fabricar delitos sin sustento ni datos de prueba mínimos, la fiscalía le ordena abandonar el tema y se lo manda al agente del MP Irán Aquino Solís (pág. 180, 181).
El agente, presto y veloz, decide rearmar la carpeta de investigación presentando como pruebas la declaración de un testigo anónimo y se giran órdenes de aprehensión y se detienen a tres personas en junio de 2022, entre ellas Nico.
Así pues, la consigna era armar una carpeta de investigación, a como diera lugar, para presentar el caso con fines mediáticos y encaminados a desprestigiar a Miguel Ángel Mancera.
El junio de 2022 se cumplimentaron órdenes de aprehensión, vinculándolos a proceso por delitos de peculado y violación de comunicaciones y les impuso prisión preventiva justificada.
Váyanse por un fuerte doble
Un mes después de eso, personal de la fiscalía de la CDMX ingresó, de forma ilegal y clandestina, al Reclusorio Norte y, ojo, les ofrecieron dejarlos libres (criterio de oportunidad) a cambio de firmar declaraciones testificando que existió un centro de espionaje bajo el mando de Miguel Ángel Mancera.
A lo que los 14 presos políticos se negaron. La fiscalía busca imponerles 24 años de cárcel y reparación de daño por 40 millones de pesos por imputado.
Se les desmoronan sus casos
A más de 14 meses, no han podido llegar a la audiencia intermedia ni a juicio para poder defenderse. La fiscalía les ha ofrecido un juicio abreviado reduciendo la pena a tres años en libertad bajo firmas y reparación de daño de cero pesos.
Se han negado.
La carpeta de investigación fabricada por Santiago Nieto los mantiene presos, sin más pruebas que unas notas periodísticas y la declaración de un testigo anónimo.
Un teatro más
Como el de la licencia falsa de Rosario Robles, o el desafuero ilegal de Francisco García Cabeza de Vaca, o los inventos de permisos que dio Santiago Taboada y fue la Federación, o el delito de Alejandra Cuevas, etcétera.
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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.
Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política
