Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- «El Estado de México tiene la responsabilidad de realizar los cambios y transformaciones necesarias por el progreso», de esta forma Marea Verde Edomex, colectiva conformada por 40 organizaciones de la sociedad civil e independientes, vuelve a tocar la puerta del Congreso del estado de México con un objetivo contundente: Despenalizar el aborto en la entidad y que se derogue todo código que penalice la interrupción del embarazo.
En el estado de México, hay 16 millones 992 mil 418 personas, de este universo, el 51.4% son mujeres. Es decir, que en 2020 había 8 millones 734 mil 102 mujeres, eso es más que la población total de El Salvador, este dato resulta vital para dimensionar que la penalización del aborto en esta entidad es una práctica que trasgrede los derechos de millones de mujeres que, desde diferentes trincheras, luchan para consolidar que la entidad elimine de su Código Penal local la criminalización y punitivismo que sólo incrementan el riego, la vulnerabilidad y la muerte materna en la entidad.
De acuerdo con Ipas, en 2018, 6 entidades concentraron 47 por ciento de muertes por aborto, la lista está encabezada por Estado de México con 12.5 por ciento del total. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró en el cierre de 2023, un total de 587 carpetas de investigación de las cuales, 117 fueron abiertas en el estado de México y otras 100 en Nuevo León.
El panorama resulta abrumador y es que, la entidad ha mostrado serios detrimentos y resistencias para despenalizar – legalizar el aborto, de hecho, hace apenas un mes, Human Right Watch denunció los tratos inhumanos que viven las mujeres embarazadas en el estado de México y que intentan acceder a su derecho al aborto.
Asimismo, evidenció en su informe Navegando obstáculos, acceso al aborto en el Estado de México, que el personal de salud niega el servicio, transmiten información falsa o incompleta, maltratan a las mujeres, imponen requisitos arbitrarios y la legislación no hace nada al respecto, por el contrario, posee contradicciones importantes en sus leyes, obstaculizando así, que exista una homogeneidad en este derecho y se perpetúe la cadena de violencia, algo alarmante, considerando los números rojos de la entidad.
Hay que recordar que la legislación del estado de México sólo contempla el acceso al aborto cuando este es culposo -es decir, accidental-, es producto de un abuso sexual o cuando hay peligro en la vida de la madre, sin embargo, esto no siempre es cumplido a cabalidad, pues se tiene registro de personal médico que sólo acepta realizar el aborto cuando la mujer presenta la resolución de una denuncia por abuso sexual, de lo contrario, les impiden su acceso a este derecho.
Estas restricciones, advierte Human Right Watch, agravan la discriminación, la violencia en razón de género, doméstica incluso, el feminicidio, fenómenos que se recrudecen en adolescentes de contextos precarios y violentos que son forzadas a llevar a término un embarazo que no desean.
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Ante este escenario y con una entidad que poco ha avanzado en esta materia, Marea Verde Edomex se prepara para dar un revés y consagrar que el Congreso del estado de México reforme sus leyes, adecuandose a los tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y a la sentencia emitida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) por despenalizar el aborto a nivel federal.
Presentando la iniciativa: Marea Verde Edomex, no darán ni un paso atrás
Desde Toluca, estado de México la colectiva Marea Verde ha presentado su iniciativa dirigida al diputado Maurilio Hernández González, presidente de la mesa directiva de la LXII Legislatura del estado de México argumentando que es responsabilidad de la entidad garantizar el progreso y la autonomía de su población.
Así, la colectiva se ampara en el artículo primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se contiene lo siguiente:
«Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece», además, estipula que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Según refiere Marea Verde Edomex, este mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales de las mujeres señala de forma explícita el género, por ello, negar el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad, salubridad y bajo un marco legal que respete su dignidad humana las convierte en víctimas de discriminación por razón de género, transformando la maternidad en una obligación impuesta y un castigo.
Dentro de la exposición de motivos, también se recuerda a la Legislatura que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales promulgó el Comentario General número 22 que la falta de servicios de atención obstétrica de emergencia y la negación del aborto por lo general lleva a la mortalidad y morbilidad maternas, lo que constituye, en cambio, una violación del derecho a la vida o a la seguridad, y en ciertos casos puede constituir tortura o un trato cruel, inhumano o degradante.
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Estas opiniones internacionales reflejan que la penalización del aborto afecta en su mayoría a mujeres que generalmente proceden de contextos de violencia, carencias económicas y falta de acceso a información sexual y reproductiva; la marginación social incentiva que muchas mujeres sean condenadas por una práctica culturalmente indeseable; actualmente en el Estado de México no existen mecanismos que den una alternativa a las personas, ante la eventual decisión de no continuar con el embarazo, sostiene la colectiva.
Se debe apuntar a que la autodeterminación sexual y reproductiva es parte de la garantía de la libertad de la que todas y todos debemos gozar, de ello deviene, que cuando existen leyes que limitan este ejercicio, se corre el riesgo de vulnerar. En este caso, la trasgresión va más allá, pues su punibilidad sólo produce la criminalización, el miedo y la opresión estructural, como ya advertía Human Rights Watch; el Estado acciona de forma articulada, desde las leyes, la revictimización, el personal médico violento, los escuetos esfuerzos por frenar el abuso sexual y la pobre educación sexual integral.
Esta visión debe ser vista de forma interseccional, pues esta violencia se recrudece sobre mujeres provenientes de comunidades indígenas. En el estado de México habitan las comunidades Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica, en total, hay 417 mil 603 personas y son las mujeres quienes enfrentan las principales barreras para acceder a su derecho al aborto; son discriminadas, violentadas, ignoradas y obstaculizadas de recibir acceso oportuno a la información.
Dentro de este margen de interseccionalidad, hay que nombrar a las mujeres con discapacidad que habitan en la entidad y que, en total, representan el 16.5% de la población mexiquense (no hay datos segregados por género).
«Se debe tener en cuenta la intersección género y discapacidad, ya que a las Mujeres con discapacidad se les ha negado su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. El capacitismo dificulta aún más que puedan tomar libremente decisiones relacionadas con su salud sexual y reproductiva y al acceso a servicios especializados. Es fundamental reconocer y atender la vulnerabilidad específica que enfrentan las niñas y adolescentes con discapacidad ante la violencia sexual y los embarazos no deseados», señala la colectiva.
De cara al 28 de septiembre Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, las mujeres mexiquenses se preparan para levantarse y continuar su lucha por despenalizar el aborto en la entidad con más carpetas de investigación por el delito de aborto y muertes maternas del país.
La iniciativa está lista y si hay una certeza sobre el futuro de las mujeres, niñas y adolescentes, es que sus derechos sexuales y reproductivos son eje fundamental en el activismo de las mujeres feministas que empujan con fuerza su causa; la marea verde avanza y no dará tregua hasta lograrlo.
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