Alberto Aguirre
Por Alberto Aguirre
Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico y extendió amplias facultades a los titulares de la Sedena y la Marina Armada, para combatir a los criminales con toda la fuerza del Estado. En el CISEN, primero, y después en la extinta Procuraduría General de la República se incubó el equipo encargado de la construcción de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública.
Genaro García Luna y el procurador Eduardo Medina-Mora eran los civiles que trabajarían con el general Guillermo Galván y el almirante Mariano Francisco Saynez en la implementación de la estrategia para a los perseguir a los cárteles y coordinarse con las agencias estadounidenses.
¿Los servicios de seguridad e inteligencia fueron puestos al servicio del Cártel de Sinaloa? Aun ahora, el exmandatario panista no acepta que quien se convirtió en el hombre fuerte de su sexenio (¿quiso ser candidato presidencial?) haya sido capturado por el enemigo.
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“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas”, relevó ayer Calderón Hinojosa. Al final de su administración —de acuerdo a funcionarios que entonces laboraban en Los Pinos— sí conoció de distintas denuncias, por los abusos en los que incurrieron el entonces titular de la SSP y el director de la AFI, Luis Cárdenas Palomino. Entonces, sostuvo, las agencias de inteligencia foráneas confiaban e interactuaban con ellos.
“Es impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad hemisférica —sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel— y al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por fuera. Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de la realidad”, argumentó el exfuncionario calderonista en una misiva que dirigió al juez Brian Cogan en la víspera de que impusiera castigo al inculpado. “En nuestra historia de vida no hay un registro o antecedente de contacto o vínculo con ningún criminal. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta, no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas”.
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De nada le valió presumir ser el funcionario civil mexicano con más reconocimientos y condecoraciones por combatir al terrorismo y al narcotráfico en Estados Unidos. Ni de asumirse como víctima de la persecución del lopezobradorismo, que en represalia buscaría encarcelar a quienes combatieron “a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico”.
Tras de dos décadas de pleitos, la condena a García Luna sería el golpe final al calderonismo.
Hace una década, García Luna se había mudado a Estados Unidos. En Miami había emprendido negocios, con su esposa como socia. Y sus hijos se matricularon en escuelas de aquella nación. Cuando fue detenido —en el 2019— tenía 50 años. Si la apelación que adelantó su abogado, César de Castro, no procede dejaría la cárcel en a los 88 años.
El súper policía mexicano lleva 58 meses en la prisión MDC, ubicada en Brooklyn, Nueva York. En su carta se quejó de las condiciones infrahumanas de ese centro de detención —donde coincidió con el Chapo Guzmán y Keith Raniere— pero nunca respondió a las acusaciones de la fiscalía, sobre sus intentos de comprar testimonios favorables de otros reclusos.
El súper policía nunca mostró compunción. Con sus dichos y su anaquel de trofeos internacionales quiso conmover al juez Cogan para regresar a su casa, con los suyos. En este quinquenio, García Luna perdió a dos hermanos –ambos, contagiados por Covid-19— y sus dos hermanas enfrentan procesos penales en México. Esa argumentación le evitó la cadena perpetua.
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